El procurador de los Derecho Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, solicitó al presidente Alejandro Giammattei la destitución del ministro de Salud Pública, Hugo Monroy, ante las denuncias presentadas por adquisiciones anómalas, desabastecimiento de equipo de protección, entre otras acciones, que, de acuerdo con el magistrado de conciencia, vulneran el derecho a la salud y vida de los guatemaltecos.
En una carta abierta al mandatario, el PDH criticó que la cartera de Salud haya prescindido de dos eventos de licitación pública para la compra de mascarillas, “lo cual evidencia un fracaso en la adquisición de los insumos médicos esenciales”, expresa el documento.
Asimismo, considera débiles los filtros sanitarios instalados en los puertos aéreos, terrestres y marítimos.
En relación a la pruebas de Covid-19, manifiesta que la aplicación masiva y descentralizadas, con énfasis en pacientes vulnerables, no se ha aplicado, ni siquiera para los hospitales privados.
Para el magistrado de conciencia, es evidente el desabastecimiento de adecuado equipo de protección de personal, que ha derivado en casos de contagio de personal médico, enfermería y otros servicios.
“Estas falencias se agravan después de conocer que la Comisión Presidencial contra la Corrupción ha presentado denuncias penales ante el Ministerio Púbico contra varios funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, incluyendo dos viceministros, uno de ellos encargados de las vitales adquisiciones. En todo caso, de responsabilidad de tales deficiencias recae en el Ministerio de Salud”, dice la misiva.
Ante ello, el procurador Rodas Andrade solicita al presidente Giammattei la destitución del ministro de Salud, Hugo Monroy, “en virtud de ser evidente que con su actuación se han vulnerado derechos a la salud y a la vida de los guatemaltecos”, expresa.
Denuncia penal
El pasado 20 de marzo, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Publico por irregularidades en eventos de compras relacionadas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Òscar Dávila, titular de esa entidad, afirmó que los eventos cuestionados son sobre la adquisición de los medicamentos metilprednisolona y ceftriaxona, la cual está valorada por Q19 millones.
Los posibles actos ilícitos habrían sido cometidos por actuales funcionarios públicos del Ministerio de Salud, así como algunas personas que ya fueron destituidas.
Este mismo día, el viceministro administrativo de Salud Pública, Héctor Marroquín, oficializó su renuncia a dicho cargo.
Marroquín ascendió a ese puesto luego de la renuncia de Danilo Estuardo Sandoval Flores, quien dejó el cargo el pasado mes de marzo, argumentando desacuerdos con la forma en que el Ejecutivo estaba gestionando la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19.