En el marco del Día Nacional de los Periodistas, el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, expresa su preocupación “porque la censura y las campañas de descrédito contra la prensa independiente surgen, muchas veces, de oficinas públicas y se han convertido en un patrón de ataque que refuerza la intolerancia y los riesgos de una deriva autoritaria”.
A través de un comunicado, el titular de la PDH reconoce la “ardua labor que rinden periodistas, comunicadoras y comunicadores sociales que día a día, trasladan información fiable sobre los eventos y procesos que impactan de manera relevante en la vida de las personas, cumpliendo una función básica de la democracia; que la sociedad esté correctamente informada”.
“El acceso a la información pública es un derecho universal imprescindible para el ejercicio de la libertad de opinión y expresión, así como de la libertad de pensar”, señala el magistrado de conciencia.
Asimismo, muestra su preocupación “por el incremento de los ataques y agresiones contra periodistas y comunicadores sociales, particularmente contra quienes denuncian actos de corrupción y abuso de autoridad. En los últimos meses, las formas más frecuentes de acoso han sido el hostigamiento penal, campañas calumniosas, amenazas, agresiones físicas y la obstrucción a las fuentes públicas de información”.
Recomendaciones
Ante ello, el PDH recomienda a las altas autoridades del Estado cumplir su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, e instruir a todos los niveles de la jerarquía institucional que es su deber legal abrir las fuentes de información pública y respetar escrupulosamente la labor de los periodistas independientes.
Al presidente de la República, “implementar de manera urgente el Programa de Protección a Periodistas, compromiso que el Estado asumió a finales de 2012 ante las Naciones Unidas».
Al Ministerio Público “fortalecer la Fiscalía de Sección de Delitos cometidos contra periodistas, para que pueda llevar a cabo la investigación y persecución penal, al fin de restituir los derechos violentados».
Por último, pide al Organismo Judicial fortalecer la formación de jueces y juezas, magistrados y magistradas y de todo el personal que interviene en los procesos judiciales, para que comprendan cómo el uso indebido del derecho penal contra periodistas y comunicadores sociales no solo les afecta a ellos, sino debilita el Estado constitucional del Derecho