En el marco de los 24 años de la firma de los Acuerdo s de Paz, el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, afirmo que “ninguno de los gobierno ha tomado con seriedad el tema”, y que por esa razón “no mejoran sustancialmente”.
Asimismo, el magistrado añade que el actual Gobierno “ha socavado la institucionalidad de la Paz debilitando así la Democracia y el Estado de Derecho”.
Rodas recordó que los Acuerdo de Paz son compromisos que los Estados deben cumplir, haciendo énfasis nuevamente sobre los “graves retrocesos registrados durante el último año”.
Además, mencionó que es obligación del Gobierno “respaldar y fortalecer al Procurador de los Derechos Humanos”, pero que el Presidente, el oficialismo y sus aliados en el Congreso han promovido acciones contra la institución del PDH.
“Socavar sus funciones”
Para el PDH, han sido espurios los intentos de destituirlo “para socavar sus funciones en la supervisión del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y escamotear y reducir el presupuesto a la Institución”, indica.
El procurador mencionar que el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es el que menor cumplimiento ha tenido, ya que se ha agudizado el problema de acceso a tierras y el irrespeto a los territorios indígenas.
“Se ha desmantelado la institucionalidad responsable del tratamiento pacífico y la resolución de la conflictividad agraria. Se han estimulado discursos de odio contra las autoridades ancestrales y se ha incrementado la criminalización, hostigamiento y violaciones del derecho a la vida de los defensores indígenas comunitarios”, añade.
También menciona que la atención particular a los derechos de las mujeres indígenas se sigue postergando y que la condición pobreza y pobreza extrema de los pueblos indígenas es ahora mayor que cuando se firmó la paz.
En cuanto al Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el magistrado de conciencia menciona que el Gobierno “ha cerrado todos los espacios de participación y consulta social”, además, que se ha atentado de forma sistemática contra la libre expresión del pensamiento y la libertad de prensa.
“El gasto público está atrofiado por la opacidad, la ineficiencia y la corrupción sin precedentes, lo cual ha sido más evidente durante la pandemia del COVID-19 y tras las tormentas Eta e Iota. En términos reales y por habitante, los ingresos tributarios han disminuido en relación a 1996, en cambio ha aumentado el endeudamiento oneroso”, señala.