El Procurador de los Derechos Humanos ha salido en defensa del acceso a la información pública y la libertad de expresión, al advertir de los peligros que encierra aprobar como se pretende la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que complica la fiscalización por parte de la sociedad y está en contra de la transparencia.
La citada Ley ha sido aprobada en tercera lectura sin hacer mucho ruido, pero el Procurador, Jorge de León Duque, ha formulado un llamado para que los diputados no aprueben el texto final tal como está, y se supriman los artículos 52, 54, 55,56,57,58 y 59, los cuales contravienen otra ley, la de Acceso a la Información, pues obligan a que cualquier persona que solicite documentación oficial, tenga que pagar un timbre especial.
Esta medida, no solo entorpece los procesos de acceso contemplados en la anterior Ley, sino que elimina el concepto de gratuidad que si se incluye en la legislación vigente, aprobada en su oportunidad para facilitar la fiscalización de la población sobre los actos y negocios de las instituciones del Estado.
La PDH dice que esta supresión es indispensable para garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información y, en consecuencia, favorecer la rendición de cuentas a los gobernados, de manera que puedan auditar el desempeño de la administración pública.
En fuentes del Congreso se ha escuchado, de manera extraoficial, que esta ley que se discute y está a punto de ser aprobada, tiene entre sus finalidades política precisamente reducir la capacidad de fiscalización de los sectores sociales, ya que tanto autoridades gubernamentales, como municipales, consideran molesto, tener que atender todas las solicitudes de información que rcibe que, por cierto, no son muchas.