El ex ministro de Finanzas, Pavel Centeno, quien esta mañana se suicidó durante un operativo del Ministerio Público (MP) y la CICIG, no tenía orden de captura ni era investigado por el caso de corrupción relacionado con el Banco de los Trabajadores (Bantrab), se confirmó esta tarde en fuentes oficiales.
La Fiscal General, Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, explicaron en conferencia de prensa, sobre la confusión que existió, tomando en cuenta que la casa en donde habitaba Centeno era propiedad de Ronald Giovani García Navarijo, ejecutivo de Bantrab y quien si tenía orden de captura.
Según la investigación, esta fue la forma de operar de la estructura criminal #CasoBantrab pic.twitter.com/1d6m5MAwbk
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 28, 2016
Al iniciarse el operativo de allanamiento de la residencia, el ex ministro disparó en contra de una fiscal y un agente de la PNC, quienes resultaron gravemente heridos. Después de la agresión, el ex funcionario se privó de la vida con un disparo.
El operativo consistía en varios allanamientos en distintos lugares de la ciudad para proceder a la captura de al menos 10 personas vinculadas a la citada institución bancaria. La residencia en donde se encontraba el ex funcionario del gobierno del Partido Patriota (PP), está situada en una colonia de El Naranjo, Mixco.
La relación de las entidades con miembros de la Junta Directiva del Banco #CasoBantrab pic.twitter.com/S4s8knAMTd
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En la conferencia de prensa se explicó que lo sucedido era imprevisible y no hay una explicación sobre la forma en que reaccionó Centeno, sobre quien –aseguraron en varias ocasiones Aldana y Veláquez– no existía orden de captura ni investigación alguna.
El banco autorizó pago de Q5 millones y medio a una abogada, luego transferido a empresas de cartón ligadas a los directivos #CasoBantrab pic.twitter.com/tLjFOLoGQG
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Por otra parte, se informó que se concretaron ya seis de las 10 ordenes de captura, además de dar detalles sobre los ilícitos que se venían cometiendo en el banco, entre ellos, los delitos de lavado de dinero y otros hechos de corrupción.