El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, propuso el lunes suprimir la reelección indefinida, aprobada por su antecesor Rafael Correa, en una consulta popular que también busca inhabilitar de por vida a políticos condenados por corrupción y desmontar el legado correísta.
«La tercera pregunta de la consulta es dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida», anunció el gobernante en su informe semanal, sin precisar fecha de la consulta.
En 2015, el Congreso controlado por el oficialismo aprobó enmiendas constitucionales impulsadas por Correa, dando luz verde a la reelección indefinida a partir de las elecciones de 2021 y para las que el exmandatario está habilitado.
Correa (2007-2017) también promovió la Carta Magna en vigencia desde 2008, que entonces estableció la reelección inmediata por una sola vez consecutiva o no.
Moreno presentó a consideración de la Corte Constitucional siete preguntas para el referendo.
El gobernante, quien sostiene una fuerte pugna de poderes con Correa que ha colocado al oficialismo al filo de la ruptura, manifestó que se consultará sobre «la supresión de por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción».
«Que nunca más vuelvan a ser: ¡ni funcionarios, ni candidatos! Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras: que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos proponemos, además, que los bienes y propiedades de esas personas y empresas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción», añadió.
El vicepresidente Jorge Glas, a quien Moreno despojó de sus funciones en medio de la pugna, afronta una orden de prisión preventiva dictada el lunes por la justicia, en el marco de una investigación penal por el caso de corrupción de Odebrecht.
Otra pregunta propone cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano creado por Correa para nombrar autoridades de control y electorales.
Los demás temas que también desmontan el legado de Correa proponen eliminar la ley que imponía impuestos a la especulación inmobiliaria, reducir el área de explotación petrolera en la reserva amazónica protegida del Yasuní o restringir la minería en áreas protegidas.
La Corte Constitucional deberá pronunciarse si son viables las propuestas de Moreno hasta finales de octubre.