El Parlamento de Cataluña declaró este viernes la independencia y el Senado en Madrid replicó autorizando que se intervenga en profundidad el autogobierno de la región, un choque sin precedentes en la historia democrática de España.
El presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, que había pedido al Senado poderes extraordinarios para enfrentarse al desafío independentista, aseguró que su gobierno «restaurará la legalidad». A las 18H00 de la tarde (16H00 GMT) está previsto un consejo de ministros extraordinario.
En Barcelona, mientras tanto, decenas de miles de personas concentradas ante el Parlamento catalán recibieron con un estallido de júbilo la votación de la resolución, por 70 votos a favor, 10 en contra y dos votos en blanco.
«Nos ha costado tanto llegar a este momento», dijo Judith Rodríguez, una trabajadora social de 38 años con lágrimas en los ojos. «Estoy muy emocionada, muy contenta, de por fin ir hacia adelante y construir una república, un país nuevo, a partir de cero».
«Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», explica la resolución aprobada por una heteróclita coalición de nacionalistas.
La mitad aproximadamente de los diputados catalanes abandonaron el hemiciclo, y algunos dejaron en sus escaños banderas catalanas y españolas, un símbolo elocuente de la división que genera el acontecimiento en esta región, uno de los motores económicos de España.
Poco después, en el Senado, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite intervenir la autonomía de una región, fue aprobada por 214 votos a favor, 47 en contra y 1 abstención.
La aplicación del artículo 155 es no obstante un desafío, porque implica gestionar a más de 200.000 funcionarios catalanes.
Asociaciones independentistas ya han anunciado un boicoteo a ese control por parte de Madrid, y la extrema izquierda está dispuesta a movilizarse.
– Rajoy promete restaurar legalidad –
«El Estado de derecho restaurará la legalidad en Cataluña», reaccionó inmediatamente Rajoy por Twitter.
El gobierno regional catalán, presidido por Carles Puigdemont, de 54 años, será destituido, advirtió Rajoy en su intervención ante el Senado.
Puigdemont y sus «consellers» (consejeros) se enfrentan incluso a la posibilidad de ser acusados de rebelión, un delito pasible con hasta 30 años de cárcel.
Un portavoz de la Fiscalía General del Estado indicó a AFP que la semana próxima se presentará una querella por ese delito contra Puigdemont, y tal vez contra el resto del ejecutivo regional.
«Vienen horas en que a todos nos va a tocar mantener el pulso de este país», declaró Puigdemont ante los diputados, alcaldes y público congregado en el Parlamento.
La última vez que Cataluña, una región con lengua propia, intentó proclamar la independencia fue en octubre de 1934, cuando el entonces presidente Lluís Companys anunció una «República catalana» dentro de una «República federal española».
Ese intento, en un clima de insurrección en otras partes de España, duró apenas diez horas, acabó con decenas de muertos y provocó la suspensión del autogobierno.
La independencia de una región dentro de la actual Unión Europea es un acto inédito, que ha sido rotundamente descalificado por las instituciones en Bruselas y por los socios del gobierno español.
En esa línea, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que la declaración no cambia nada y que España sigue siendo el «único interlocutor» de la Unión Europea.
Desde Washington, el Departamento de Estado norteamericano dijo que considera Cataluña «parte integral de España».
– Elecciones ‘lo antes posible’ –
Cataluña fue junto al País Vasco la primera comunidad española en proclamar su autonomía, como establecía la Constitución, en diciembre de 1978.
Rajoy ha asegurado que quiere disolver ahora el parlamento para convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses.
«Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible», añadió Rajoy.
Debilitado por las presiones de todos los lados, Puigdemont, un exalcalde de arraigadas convicciones independentistas, estuvo a punto de convocar elecciones regionales, pero al final prefirió devolver la palabra al parlamento catalán.
Según Puigdemont, el parlamento, de mayoría separatista, era el «depositario» del resultado del referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, el gobierno regional lo dio por válido, asegurando que hubo un 90% de síes a la secesión y una participación del 43%.