Los diputados británicos decidieron el sábado posponer su decisión sobre el acuerdo de Brexit, pese a lo cual el primer ministro Boris Johnson mantuvo su determinación a sacar al país de la UE a final de mes, negándose a «negociar» un aplazamiento.
Cuando faltan 12 días para la salida británica de la UE, los diputados agravaron la confusión al aprobar por 322 votos contra 306 una enmienda según la cual el acuerdo no será adoptado hasta que se haya aprobado toda la legislación necesaria para implementarlo.
Esto obliga al gobierno a pedir una nueva prórroga del Brexit, inicialmente previsto para el pasado marzo y aplazado ya dos veces, hasta el 31 de octubre.
Sin embargo, Johnson, determinado a mantener esa fecha, aseguró que «no negociará un aplazamiento con la UE», dando a entender que podría pedirlo porque le obliga a ello una ley, pero no lo defenderá ante sus socios europeos.
«Les diré a nuestros amigos y colegas de la UE que otro retraso sería malo para este país, malo para la Unión Europea y malo para la democracia», afirmó.
Para ser efectivo, un tercer aplazamiento tiene que ser aprobado unánimemente por los otros 27 países del bloque y para ello exigirán una justificación.
Londres tiene que informar «lo más rápido posible» cómo proceder, dijo inmediatamente la Comisión Europea desde Bruselas.
La enmienda de Letwin
El artífice de la enmienda que pospuso la que debía ser una votación histórica es el ex ministro conservador Oliver Letwin, diputado independiente desde que fue expulsado de su partido en septiembre por votar contra el gobierno.
Letwin afirma respaldar el acuerdo alcanzado el jueves in extremis entre Londres y Bruselas, pero buscaba evitar así una treta de los más recalcitrantes eurófobos: temía que estos votasen a favor del acuerdo el sábado y contra la legislación en los próximos días, empujando al país de hecho a un catastrófico Brexit sin acuerdo a final de mes.
Aceptando el nuevo revés sin perder la determinación, Johnson anunció que «la próxima semana el gobierno introducirá la legislación necesaria».
Si esta fuese aprobada a tiempo el país aún podría abandonar el bloque a finales de este mes.
La política británica está paralizada por esta «única cuestión que la cámara parece incapaz de resolver», había afirmado Johnson al abrir una sesión excepcional en el parlamento, convocado en sábado por primera vez desde la guerra de las Malvinas en 1982.
Un nuevo aplazamiento sería «inútil, costoso y destructivo», fustigó.
Pero no todos los británicos están de acuerdo. Así, mientras los diputados prolongaban el caos y la división de los últimos meses, decenas de miles de personas se manifestaban en el centro de Londres para reclamar un segundo referéndum que saque al país de la crisis en que lo sumió la consulta de 2016, cuando el Brexit se impuso por 52% de votos.
«Creo que sabemos mucho más hoy que en el momento de aquel referéndum», decía Suzanne O’Hallorin, una manifestante de 64 años. «Tenemos que votar ahora que conocemos las consecuencias», agregaba mientras la multitud, llegada en autocares de todos los puntos del país, marchaba hacia el parlamento.
El no del DUP
Johnson sigue, sin embargo, sin tener el éxito asegurado, porque su legislación sobre el Brexit podría ser rechazada la próxima semana, como ya pasó tres veces con el acuerdo negociado por la anterior primera ministra, Theresa May.
Especialmente dada la oposición del pequeño partido norirlandés DUP, aliado clave del gobierno.
El nuevo texto retoma lo negociado por May pero modifica su punto más conflictivo: cómo evitar una frontera física entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, país miembro de la UE, para preservar el frágil acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto.
El acuerdo actual prevé una compleja solución técnica que choca con la férrea oposición del DUP a que su territorio tenga un trato diferente del resto del país. «Debe ser un Brexit para todo el Reino Unido», lanzó el diputado norirlandés Nigel Dodds.
Opuestos a cualquier tipo de Brexit, también votarán contra el gobierno los nacionalistas escoceses del SNP y los centristas del Partido Liberal-demócrata.
Los diputados del Partido Laborista, principal fuerza de oposición, recibieron asimismo la consigna de rechazar el texto. Aunque algunos, procedentes de circunscripciones partidarias del Brexit, podrían apoyar al gobierno.
Si el texto es rechazado, el país se hundirá más en el caos y arrastrará con él a una UE hastiada por un tema que ya ha dado por cerrado dos veces. Estaríamos «en una situación muy complicada», reconoció el viernes el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.