Las autoridades panameñas han recuperado en una fosa común decenas de restos humanos pertenecientes a víctimas de la invasión estadounidense de 1989, que puso fin al régimen del exdictador Manuel Antonio Noriega, informó este jueves la Fiscalía.
«A la fecha se han ubicado más de 70 restos», de los cuales 16 han sido trasladados a la morgue judicial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses «para su respectivo análisis», manifestó la Fiscalía.
Autoridades judiciales de Panamá iniciaron en enero de este año la exhumación de restos de víctimas enterradas en una fosa común del cementerio Jardín de Paz, ubicado en Ciudad de Panamá.
Las exhumaciones se realizan tras la reapertura de 14 investigaciones inconclusas sobre civiles muertos durante la invasión. El objetivo es identificar los restos y determinar las causas de la muerte.
Los trabajos fueron suspendidos por las medidas tomadas por el gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus, pero ahora se han retomado esta semana.
«Se continuó con la intervención de las trincheras, atendiendo los protocolos de bioseguridad para la realización de este tipo de diligencias», indicó la fiscalía en el comunicado.
El 20 de diciembre de 1989, más de 27,000 soldados estadounidenses invadieron Panamá para derrocar a Noriega (1983-1989), reclamado por un tribunal de Miami por narcotráfico.
Oficialmente hubo unos 500 fallecidos, aunque algunas organizaciones aseguran que fueron miles.
El gobierno panameño del expresidente Juan Carlos Varela creó por decreto en 2016 una comisión para contabilizar e identificar los muertos por la invasión.
El actual mandatario, Laurentino Cortizo, dijo el año pasado durante el homenaje anual a las víctimas, que su gobierno estudiará la posibilidad de pedir a Washington algún tipo de indemnización, aunque reconoció que su país tiene una relación «fluida» con Estados Unidos, su principal socio comercial y diplomático.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en 2018 a Estados Unidos como responsable por las «violaciones de derechos humanos» y pidió a Washington «reparar integralmente» a las víctimas.
Noriega terminó entregándose al enemigo el 3 de enero de 1990 tras refugiarse en la Nunciatura. Posteriormente estuvo preso por narcotráfico, blanqueo de capitales y desaparición de opositores en Estados Unidos, Francia y Panamá, donde murió en 2017.
Las víctimas exigen que Estados Unidos, quien se comprometió a colaborar en las investigaciones, reconozca la invasión, indemnice al país y diga dónde están las fosas comunes.