Panamá espera que Francia le retire de su lista negra de paraísos fiscales dentro de un año gracias a las nuevas medidas contra la evasión fiscal, dijo este jueves a la AFP la viceministra de Exteriores .
«Estamos muy positivos que para el próximo año Panamá no se encuentre ya en la lista francesa», dijo Erika Mouynes, que forma parte de una delegación que visitó París esta semana para presentar las nuevas medidas de su gobierno.
Junto al ministro de Finanzas, Hector Alexander, la viceministra se reunió el martes con el ministro francés de Cuentas Públicas, Gérald Darmanin, y luego con el comisario europeo saliente de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, así como con responsables de cuestiones fiscales en de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
«El recibimiento que hemos tenido del gobierno francés, en particular del ministro, ha sido sumamente positivo», dijo Mouynes.
Francia puso a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales en 2016 tras el escándalo de los llamados Papeles de Panamá, que reveló entre otros 500 casos de evasión fiscal con implicación de franceses.
En la lista francesa figuran siete países: Brunéi, Nauru, Niue, Panamá, Islas Marshall, Guatemala y Botsuana.
«Hemos conversado sobre la nueva dinámica que tenemos para apoyarlos a ellos cuando tengan alguna solicitud de información de algún contribuyente francés que se encuentre o que tenga cuentas en Panamá», dijo la viceministra.
En agosto, el ministro francés Darmanin visitó Panamá y creó, junto al nuevo gobierno del país, un grupo especial para luchar contra la evasión fiscal gracias al intercambio de información.
Antes de salir de la lista, Panamá deberá convencer a la OCDE que está aplicando las medidas necesaria en la materia.
En noviembre la OCDE consideró que Panamá respeta solo «parcialmente» las normas internacionales, una evaluación insuficiente para Franca y para la Comisión Europea, como dijo el propio Moscovici en una comparecencia en la Asamblea Nacional francesa.
Según la viceministra Mouynes, la evaluación de la OCDE no tuvo en cuenta las nuevas medidas tomadas desde la llegada en julio de un nuevo gobierno.