La fiscalía y una misión antimafias de la ONU en Guatemala revelaron este lunes un nuevo caso de corrupción que involucra al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), preso desde hace cuatro años por un fraude millonario en las aduanas que puso fin a su gobierno.
El exgobernante fue señalado de integrar una red que recibía sobornos de empresarios para la adjudicación de contratos públicos, principalmente en la construcción, señalaron en un comunicado el Ministerio Público (fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
«La nueva línea de investigación dio como resultado el hallazgo de una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas», precisaron ambas entidades en el comunicado que contiene un resumen del caso.
La investigación estableció que la estructura inició a operar desde que Pérez fue electo como presidente en las elecciones de 2011 por el desaparecido Partido Patriota (PP, derecha), utilizando bancos nacionales y extranjeros, sobre todo en Panamá, para blanquear los fondos.
También se establecieron sobornos por medio de apartamentos de lujo y otro tipo de propiedades.
La red también estaba integrada por Gustavo Alejos, secretario privado del entonces gobernante Álvaro Colom (2008-2012) y Juan de Dios Rodríguez, quien ocupó el mismo puesto posteriormente con Pérez, así como empresarios y «abogados de alto perfil», detalló el boletín.
Pérez y Rodríguez ya habían sido involucrados en otros casos de corrupción destapados por la fiscalía con apoyo de la Cicig y se encuentran en prisión preventiva. Alejos se encontraba en libertad bajo fianza por otro fraude y se presentó ante el juez por la nueva acusación.
Pérez, un general retirado de 68 años, renunció a la presidencia en septiembre de 2015, cuatro meses antes de entregar el cargo, en medio de protestas callejeras por fuertes señalamientos de que dirigía una red que cobraba coimas para la evasión de impuestos aduaneros.
El juicio contra Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también encarcelada por el caso, no ha podido iniciar debido a una extensa batalla de recursos legales mientras ambos siguen acumulando otras imputaciones de corrupción.
Por el nuevo caso fue llamado a declarar el exvicepresidente Gustavo Espina (1991-1993) y se pidió levantar los fueros al actual ministro de Economía, Acisclo Valladares, sospechosos de haber participado en la trama de lavado de dinero.
La Cicig, un ente clave en la lucha contra la corrupción, funciona desde 2007 en el país para atacar las estructuras del crimen incrustadas en el aparato estatal pero terminará su misión el próximo 3 de septiembre luego de que el presidente Jimmy Morales anunció que no pedirá a la ONU una ampliación de dos años al mandato, como lo había prometido en campaña.
El anuncio de Morales ocurrió después que la Cicig y la fiscalía pidieron investigar al mandatario por presunta corrupción en las finanzas de su partido en 2015.