Según voces críticas, el magistrado es el siguiente que está encaminado a prisión o al exilio.
Otro juez asegura que está siendo objeto de represalias por haber denunciado a la magistrada reinstalada Blanca Aída Stalling Dávila, quien le habría pedido ayuda para favorecer a su hijo en un proceso por corrupción.
Carlos Ruano, un juez de 42 años y 13 de ejercicio en la carrera judicial, enfrenta un proceso que busca quitarle la inmunidad judicial tras recibir una denuncia que, según sus propias palabras, es un acto de venganza. Según voces críticas que cuestionan el hostigamiento a operadores de justicia, el magistrado es el siguiente que está encaminado a prisión o al exilio.
La Fundación contra el Terrorismo, una organización de ultra derecha que defiende a exmilitares acusados de crímenes de guerra y a personas acusadas de corrupción, denunció también a Ruano. Ha pedido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le retiren la inmunidad para investigarlo por haber denunciado a la magistrada que le pidió favorecer a su hijo. La CSJ sesiona cada miércoles por lo que se prevé que conozca la causa esta semana antes de entrar en receso de fin de año.
En lo que va del gobierno de Alejandro Giammattei (2020 -2024) más de 30 funcionarios judiciales entre magistrados, jueces y fiscales han salido de Guatemala, denunciando ser perseguidos por haber investigado crímenes de guerra y corrupción.
En agosto de 2016 Ruano fue asignado como juez de una investigación por actos de corrupción contra varias personas. Entre ellas, estaba Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila. La jueza, que era superior en cargo, citó a Ruano a su despacho.
Ruano grabó la conversación y expuso que la magistrada le había pedido favorecer a su hijo en la investigación. Denunció a Stalling y presentó la grabación a un juez que ordenó la detención de la magistrada, que huyó de la justicia. Tras vigilarla, fue detenida. El día de su captura en febrero de 2017 iba disfrazada con una peluca y un arma. Ella alegó que le había hablado al juez “como madre”.
En junio de este año el juez Víctor Cruz, cerró el proceso contra Stalling aduciendo que había incongruencias en la acusación por tráfico de influencias y resistencia al arresto. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, que dirige Rafael Curruchiche no apeló el fallo y este quedó firme.
Entonces Ricardo Méndez Ruíz y Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, denunciaron a Ruano por los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito por haber denunciado a Stalling.
En septiembre de este año la CSJ decidió reinstalar como jueza a Stalling y pagarle sus salarios suspendidos durante su proceso: casi 750.000 dólares.
“Sin lugar a dudas es un acto de represalia o venganza por la denuncia que yo presenté contra una magistrada por tráfico de influencias», reprochó Ruano en conversación con The Associated Press este lunes, dos días antes de la sesión de la Corte Suprema. Y apostilló que así «lo han hecho público en la red social sobre que yo vaya preso o me exilie”.
La estrategia de la fundación replica la de otros casos, apunta Ruano con tácticas de terror y miedo, luego presentan denuncias y con el apoyo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia retiran la inmunidad.
Cruz, Stalling, Curruchiche, Mendez Ruíz, Falla y la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras son parte de un listado de funcionarios y particulares que han sido sancionados por Estados Unidos. Tienen prohibida la entrada al país y están señalados por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
El caso de Ruano guarda similitudes con la acusación contra la exfiscal Virginia Laparra que lleva más de 9 meses en prisión acusada de abuso de autoridad y que ha supuesto fuertes criticas nacionales e internacionales por su situación. La fiscal había denunciado a otro juez que habría filtrado información a otro abogado.
Tanto la comunidad internacional, como la Unión Europea y países como Estados Unidos han expresado su preocupación por el deterioro del Estado de derecho en Guatemala. Organismos internacionales aseguran que la criminalización contra operadores de justicia, periodistas, opositores y activistas se incrementó en los últimos años.