El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó este miércoles las detenciones de precandidatos presidenciales a las elecciones del país y alegó que no se están «juzgando a políticos ni a candidatos» sino «a criminales que intentan nuevamente organizar un golpe de Estado».
«Que no vengan con el cuento que son candidatos, si aquí no hay candidatos inscritos (…) si ni siquiera tenían un candidato único», dijo y achacó que Estados Unidos tiene detenidos a más de 400 personas en relación al asalto al Capitolio del 6 de enero. «Son más de 400 ahí y aquí están pegando gritos por 20», comparó.
Asimismo, mencionó que en las investigaciones que está realizando la Fiscalía se «ha encontrado una red que conspiró y venía conspirando contra la seguridad social (…) para cometer los crímenes más brutales que se han cometido en Nicaragua« en referencia a las protestas de 2018.
En un discurso público junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, también arremetió contra Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) por sus llamados a Nicaragua a liberar a los detenidos.
CIDH insta a la comunidad internacional a reaccionar
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, ha instado este miércoles a la comunidad internacional a realizar acciones «que ponga fin la persecución y a las detenciones» en Nicaragua.
Durante un encuentro ante el Consejo Permanente de la a Organización de Estados Americanos (OEA), Urrejola ha presentado un informe sobre la situación en el país latinoamericano en que señala una «seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua ocurrido en las últimas semanas».
La presidenta del CIDH se refirió concretamente a la detención y criminalización de 5 precandidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre y de al menos 20 personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas independientes.
«Según la información recibida, algunas de estas detenciones habrían ocurrido bajo el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía y en la mayoría de los casos, los domicilios fueron allanados sin mediar orden judicial», ha dicho.
Investigación
En este sentido, denunció «que la falta de información no permite conocer los tipos penales que se están utilizando en los procesos de investigación» y que «no se están garantizando los derechos contra los detenidos.
Asimismo, ha detallado que el arresto «bajo una figura procesal de detención preventiva sin acusación fiscal hasta por 90 días» se encuentra fuera de ley. Respecto a este asunto, este miércoles se ha conocido que la esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, el político Miguel Mora, y el periodista Miguel Mendoza se encuentran detenidos desde el lunes bajo esta figura.
Por otro lado, Urrejola indicó que «la CIDH ha documentado un prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho» desde 2018 en Nicaragua y «ha denunciado la prolongación del estado de excepción de facto», el cual «se ha intensificado».
Víctimas
Por último, apuntó que «la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua ha dejado «al menos 328 víctimas; más de 2,000 personas heridas; más de 100,000 personas que han migrado a otros países; más de 1600 arrestadas, de las cuales 124 se consideran presos políticos».
A este llamado de la CIDH, se une que en los últimos días países como México, Argentina y Costa Rica han llamado a consultas a sus embajadores en Nicaragua para evaluar la situación. En el caso de México, este miércoles una comisión permanente del Congreso ha manifestado «su profunda preocupación» por la situación política en Nicaragua, según recoge ‘El Universal’.
Además de las detenciones, periodistas como Carlos Fernando Chamorro y el exguerrillero Luis Carrión han informado de que han abandonado el país para evitar su detención.