El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó este viernes volver a la mesa de diálogo e insistió en celebrar elecciones en 2021, desoyendo lo que reclama la oposición para resolver la crisis política que mantiene en vilo al país.
«El único diálogo que tiene cabida en las actuales circunstancias» es con campesinos, obreros y gremios productivos «dispuestos a trabajar» para lograr el desarrollo económico y social, dijo Ortega ante miles de seguidores durante el acto por el 40 aniversario de la Revolución de 1979.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) emplazó al gobierno esta semana a reanudar las negociaciones para encontrar una pronta salida al deterioro de las condiciones económicas y sociales en el país.
Las conversaciones están paralizadas desde el 16 de mayo, cuando la ACJD decidió retirarse en protesta por la muerte a tiros de un opositor, en circunstancias confusas dentro de una prisión.
Ortega desestimó la demanda de la oposición de adelantar las elecciones de 2021 y propuso hacer reformas y ajustes a la ley electoral dentro de lo establecido en la Constitución «para que nadie diga que le robamos las elecciones».
El mandatario, de 73 años, manifestó que su partido «está listo para ganar las elecciones».
Las protestas que estallaron en abril del 2018 contra una reforma del seguro social derivaron en una demanda para la salida de Ortega del poder y, según organismos de derechos humanos, dejaron más de 300 muertos, 2000 heridos y 62.500 exiliados.
El 19 de julio, también es el «primer aniversario del triunfo contra el golpismo», dijo Ortega en medio de aplausos de sus seguidores, para referirse a los operativos que opositores llamaron «operación limpieza» en los que fuerzas policiales y simpatizantes quitaron los llamados «tranques» o bloqueo de vías colocados por manifestantes durante las protestas.
El mandatario criticó además las sanciones económicas de Estados Unidos, sin citar expresamente a ese país, que se han aplicado contra al menos una decena de funcionarios de su administración, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
«No podemos admitir sanciones (…) ningún Estado puede sancionar a otro, el que lo hace está cometiendo un delito de orden internacional» y son los pueblos los que sufren, alegó el también líder sandinista.