La argentina Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Mayo, y entidades sociales de Guatemala, urgieron este jueves aprobar un proyecto de ley para crear una comisión de búsqueda de miles de desaparecidos en la guerra civil en el país centroamericano (1960-1996).
«Al Estado, a las autoridades, a los que tienen el poder que les dio el pueblo: el poder que les dio el pueblo no es para hacer lo que quieren sino lo que deben», dijo en conferencia de prensa Carlotto, al demandar la aprobación de la iniciativa.
La activista, quien cumple una visita de cuatro días en Guatemala para reunirse con organizaciones humanitarias y estudiantes, agregó que el Estado debe reparar a los familiares de los desaparecidos.
En el Congreso guatemalteco se encuentra estancada desde 2014 la propuesta de ley que crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, presentada en 2007.
Informes elaborados por comisiones de la verdad después del conflicto armado determinaron que 45 mil personas fueron desaparecidas durante la guerra civil, y luego de más de dos décadas se han localizado cerca de 5.000, según organizaciones de sobrevivientes y familiares.
Carlos Fernández, coordinador del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (Ciidh), denunció que congresistas ligados a grupos señalados de cometer vejámenes durante la guerra han entorpecido del avance del proyecto de búsqueda.
«Hay diputados que consideran que Guatemala debe de buscar la paz a través del perdón y el olvido», lamentó el activista José Flores, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).
Carlotto instó a las organizaciones guatemaltecas a «no bajar los brazos y no abandonar la lucha» por la búsqueda de los miles de desaparecidos, entre ellos más de 5 mil niños.
Las Abuelas de Plaza de Mayo surgió en 1977 para la búsqueda de los niños desparecidos por la dictadura en Argentina (1976-1983).
La guerra civil en Guatemala dejó más de 200 mil muertos y desaparecidos, de acuerdo con una comisión auspiciada por la ONU, que atribuyó la mayoría de crímenes a las fuerzas de seguridad del Estado.