A través de un comunicado, varias organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo en la compra por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de pruebas para detectar Covid-19 falsas.
Para los firmantes, esta actuar de las autoridades refleja “una prueba más de que la corrupción mata”.
“Expresamos nuestra indignación ante la denuncia sobre la adquisición fraudulenta de pruebas de laboratorio para la detección de Covid-19. Es inconcebible que, en plena crisis humanitaria causada por esta pandemia, en la que guatemaltecas y guatemaltecos perdieron la batalla contra el virus y otros más sufren todavía de las consecuencias de la enfermedad, existan particulares y servidores públicos que buscan beneficios económicos personales con la adquisición pública de las pruebas”, indicaron en el comunicado.
Asimismo, solicitaron al Ministerio Publico (MP) para que realice las investigaciones “de este nuevo escándalo y que encuentre las pruebas que permitan que los responsables rindan cuentas ante los tribunales, así como solicitar las penas máximas establecidas en el Código Penal para su castigo, ya que los delitos que pudieron haberse cometido violentaron una operación con fin asistencial, y con ello, pusieron en riesgo la vida de muchas personas”.
Enfatizaron que, según el Laboratorio de Datos, en Huehuetenango, uno de los departamentos mencionados en la denuncia, se realiza un promedio de 775 pruebas por semana, pero en la última semana de enero se tomaron 9,363 test y 6,384 en la primera semana de febrero. A pesar de este incremento significativo, los casos detectados no reflejan lo mismo: 98% de estas pruebas resultaron negativas. Como en ocasiones anteriores, al momento el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no han ofrecido una explicación satisfactoria de esta anomalía.
“La Contraloría General de Cuentas también debe colaborar con la investigación, y lograr identificar y sancionar a los funcionarios que violentaron las normas internas y manuales de procedimientos aplicables a los procesos administrativos de compras públicas, especialmente en la fase de ejecución del contrato denunciado”, señalan.
Asimismo, expusieron que el Gobierno debe demostrar coherencia al cumplir su ofrecimiento de intolerancia a los actos de corrupción, separando inmediatamente de los cargos públicos a las personas que han sido directamente señaladas en la denuncia. En particular, piden destituir a Ronaldo Estrada Rivera del cargo de Viceministro del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes.
Las organizaciones también demandaron al Ministerio de Salud Sancionar a la empresa proveedora de las pruebas falsas con toda la severidad que permita la legislación vigente y “continuar denunciado a los empleados y funcionarios de la entidad que pudieron haber cometido delitos en la adquisición fraudulenta de pruebas, y prestar colaboración plena con las investigaciones”.
“Conscientes y en extremo alarmados e indignados por la pérdida de vidas a raíz de los actos de corrupción y abusos ocurridos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las organizaciones y plataformas de la sociedad civil suscritas hacemos un llamado a la ciudadanía y a otras organizaciones y sectores a sumarse a esta exigencia porque las investigaciones esclarezcan los hechos y que todos los responsables sean llevados a los tribunales, juzgados y penalizados conforme a la ley”, enfatizaron.
Los hechos
El pasado 21 de febrero se dio a conocer que la titular del Ministerio de Salud, Amelia Flores, presentó una denuncia por la compra de pruebas falsas para COVID-19 por casi un millón de dólares, las cuales se habrían utilizado en varios departamentos del país.
Flores accionó ante el Ministerio Público por los delitos de distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgicos falsificados.
En la demanda presenta se destaca que la adquisición fue de 30,000 test para detección de coronavirus que fueron compradas para utilizarse en los hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango a la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima.
La ministra pidió que se investigue por posibles delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude a Juan Pablo Arocha Urbin y a Luis Alfredo Arocha Bermúdez, representantes de la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima, y a Ronaldo Estrada Rivera, exfuncionario de salud y actual viceministro de cultura y deportes, por haber firmado el contrato de compra.
Las organizaciones firmantes son: Acción Ciudadana, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Pacto Ciudadano, Diálogos, Laboratorio de Datos, Red Ciudadana y Paraíso Desigual.