Más de 200 organizaciones sociales exigieron detener las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S) que fueron avaladas por la Corte de Constitucionalidad (CC), al considerar que la normativa restringe la liberta de asociación.
Entre las entidades que mostraron su rechazo en la decisión tomada por el máximo tribunal del país se encuentran sindicatos, fundaciones y colectivos.
Uno de los puntos que señalan mayor discrecionalidad es que el Organismo Ejecutivo podría clausurar a las Organizaciones No Gubernamentales.
En un comunicado de prensa señalan que es momento de unirse contra una ley que restringe la libertad de asociación en el país.
“Rechazamos esta reforma porque concede al Ejecutivo un poder casi absoluto de decidir quiénes sí y quiénes no pueden expresarse y organizarse. Esto atenta, potencialmente, contra los derechos de toda la población guatemalteca. Además, obstaculiza la libertad fundamental de toda persona para participar en asuntos públicos, elevar la voz, exigir cuentas y sumar esfuerzos para brindar servicios que atiendan las necesidades de la población”, indicaron.
Además, remarcaron: “A la Corte de Constitucionalidad le recordamos que su rol es proteger los derechos constitucionales de la población y no favorecer a quienes les colocaron en la Magistratura. Esta es la primera prueba de su legado para la historia del país”.
Destacaron que, en lugar de facilitar su trabajo, el Congreso aprobó una normativa que restringe “enormemente” sus actividades, centralizando en el Ministerio de Gobernación su fiscalización y control.
“En concreto, le permitirá cerrar entidades sin decisión de un tribunal, abriendo la puerta a arbitrariedades y eliminando la independencia de poderes”, indicaron.
Revocan fallo
El pasado miércoles, la CC contradijo su propia resolución del año pasado, en la que había suspendido de forma provisional la ley, que ya había sido decretada por el Congreso y sancionada por el presidente, Alejandro Giammattei, y decidió, de forma definitiva, avalarla.
Casi todos los magistrados titulares que componían la entidad en aquel momento no fueron reelectos en sus cargos en abril pasado para el período 2021-2026 del tribunal, y la decisión de admitir la ley fue tomada este miércoles con el voto de tres nuevos magistrados: el excandidato a vicepresidente del país Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus Arriaga.
Las reformas a la normativa, denominada “Ley de Organizaciones No Gubernamentales”, habían sido objetadas en su momento por organizaciones sociales locales y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en febrero de 2020, Michael Kozak, manifestó su oposición a la reforma de ley mediante sus redes sociales.
Según Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las organizaciones no gubernamentales, que “juegan un papel clave” en la construcción de las diversas democracias.