Las organizaciones Acción Ciudadana y Alianza por las Reformas emitieron un comunicado, en el cual señalan la necesidad de que las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declaren lesivo el contrato por la compra de vacunas Sputnik V.
En el documento, ambas instituciones recordaron que el país ya pagó Q614.5 millones correspondientes al 50 por ciento de la compra de 16 millones de dosis. Sin embargo, hasta ahora Rusia únicamente ha entregado 150 mil dosis.
En ese sentido, exigieron a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que “asuma su papel y defienda los intereses del Estado”.
En tanto, solicitaron al Ministerio Público que investigue a los responsables de esta “fallida compra”.
Además, las organizaciones exponen que el 30 de marzo de 2021 la ministra de Salud, Amelia Flores, suscribió un acuerdo entre la entidad Human Vaccine Limited Liability Company, a través de su representante Alexander Chistyakov.
En este se planteó el compromiso de Rusia de vender 8 millones de tratamientos, compuestos de dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik V.
El total de esta adquisición es de 159 millones 200 mil dólares, pues cada dosis cuesta 9.95 dólares.
Sin embargo, se indicó que la información sobre esta negociación ha sido restringida. “Flores se niega a proporcionar por la vía de acceso a la información pública la copia del acuerdo, a pesar de que es un tema relevante para la población guatemalteca”, detallaron.
Además, las agrupaciones mencionaron que no puede ser declarada su reserva por ningún motivo.
Por aparte, dieron a conocer cinco puntos específicos por los que consideran que se trató de una “negociación desventajosa” para el Estado de Guatemala:
- La firma del contrato se realizó con una entidad subsidiaria, lo que contraría lo establecido en el decreto 1-2021 del Congreso, en el que se autoriza al Ministerio de Salud la compra de vacunas y del equipo y servicios necesarios para su conservación y movilización en forma directa del fabricante.
- No existe formalización del acuerdo en la legislación guatemalteca, ni mecanismo de defensa que proteja al Estado ante posibles incumplimientos del proveedor.
- El Estado de Guatemala eximió de responsabilidad al vendedor por el incumplimiento de las condiciones pactadas.
- Guatemala asumió la responsabilidad de la cadena de transporte y, por ende, recae la responsabilidad en el Estado si en el momento que la vacuna llegue al territorio nacional y sea inservible.
- El Estado de Guatemala pagó más de Q600 millones como anticipo, sin que exista cronograma de entrega.