Para varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, reactivar la pena de muerte en Guatemala implicaría que el país se aisle del contexto internacional actual en el que varios países pretenden abolir la pena de muerte.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(OACNUDH), esta tendencia de rechazar la pena capital se ha incrementado en el mundo, razón por la cual ven un riesgo para el país si se reactiva su discusión en el Organismo Legislativo, comentó su representante Alberto Brunori.
El debate ha vuelto en el ambiente luego que las ex diputadas Lucrecia Marroquín de Palomo y Zury Ríos presentaran una iniciativa de ley el pasado 09 de Febrero, la misma busca reactivar la pena de muerte por lo que se espera las bancadas socialicen entre ellas para luego aprobarla.
Estamos preocupadas por el aumento y la proliferación de la industria del sicariato. La mayoría de guatemaltecos tenemos en nuestra familia alguien que ha sido victima o ejecutado por sicarios. Ellos no paran, cada día hay más, argumentaba de Palomo quien perdió a su esposo, el abogado Francisco Palomo a manos de unos sicarios en junio del 2015.
Sin embargo para la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado esta medida no tiene efecto disuasorio en la criminalidad, por lo que con esta solicitud se unen al mensaje del Papa Francisco del fin de semana pasado en el que pidió a todos los gobiernos a nivel mundial para que abolieran la pena capital recordando que el mandamiento “no matarás”, se aplica por igual para culpables e inocentes.
La Iglesia Católica que cuenta con uno 1.200 millones de fieles, permitió durante siglos la pena capital en casos extremos, pero su posición comenzó a cambiar bajo el liderazgo del Papa Juan Pablo II, quien falleció en el 2005 y ahora con Francisco.
En Guatemala el último caso registrado de fusilamiento se dio en el año 1996, pero se sustituyó esta medida por la inyección letal la cual se aplicó por última vez en el año 2000.
Este tipo de castigos no puede aplicarse en el país debido al vacío legal que existe en el indulto. En 2002, el entonces presidente Alfonso Portillo derogó el acuerdo que daba la potestad al mandatario para aplicar o no la pena capital. Durante la legislatura 2008-2012 algunos diputados intentaron sin éxito restituir el recurso de gracia. La última vez que se aplicó la pena capital fue en el 2000.