Organizaciones piden a Consuelo Porras detener hostigamiento en contra del CSU

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A través de un pronunciamiento, alrededor de 57 organizaciones de la sociedad civil y un total de 60 personas particulares solicitaron a la fiscal general de la República y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, “detener el hostigamiento al Consejo Superior Universitario (CSU)”, esto luego de que la funcionaria citara a sus integrantes tras designar a Gloria Porras como magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad (CC).

Las actuaciones del MP se dan luego de una denuncia presentada por la organización Guatemala Inmortal (GI).

En el documento, la Convergencia por los Derechos Humanos denuncia las “presiones indebidas”, que ejerce el MP contra los integrantes del CSU, quienes ejercieron su voto en cumplimiento del Artículo 30 de la Constitución Política de la República que obliga a que los actos de la institucionalidad sean públicos.

Una de las justificaciones de GI para presentar dicha acción es que ese Consejo no realizó la votación privada sino pública y a viva voz.

“La Fiscal General Consuelo Porras favorece nuevamente intereses de impunidad al criminalizar a las personas que defienden el Estado de Derecho. En este caso, según información pública, se ha citado primero a las y los integrantes del Consejo Superior Universitario que votaron por Gloria Porras”, indicaron en el comunicado.

Además, destacaron que “de esta manera, la Fiscal promueve una investigación ante hechos que no son delito y que nunca debieron ser admitidas a trámite, además de que su vocero mintió al señalar que las personas citadas no se presentaron”.

Señalaron que el MP omite actuar ante importantes violaciones del orden constitucional, pero es decisivo para promover una denuncia espuria contra quienes, en cumplimiento de su rol como ente autónomo, eligieron una Magistrada independiente.

La Fiscal General Consuelo Porras debe detener este ataque al ejercicio de una ciudadanía responsable y enderezar su gestión como principal responsable de la dirección de la persecución penal en el país”, afirmaron.


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