Organizaciones sociales anunciaron que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares a favor de las personas afectadas en El Estor, Izabal.
Según detallaron en una conferencia de prensa brindada este viernes, esto aplicaría para quienes enfrentan el impacto de la declaratoria del estado de Sitio en ese municipio.
La medida fue implementada hace una semana por el Gobierno, derivado de la conflictividad generada tras enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pobladores que se oponen a la actividad de una minera suiza que opera en el lugar.
Ante ello, los miembros de las distintas agrupaciones, acompañados del diputado Aldo Dávila, señalaron que son graves los daños que esta situación ocasiona a la población de ese sector.
Además, consideran que existe abuso de autoridad y desde que se instaló el estado de sitio se han enviado cientos de policías para reprimir a un pequeño grupo en resistencia e indicaron que es evidente que el gobierno quiere privar a los ciudadanos del derecho a participar en un proceso de preconsulta y consulta.
Los ataques a la prensa también son preocupantes, según las organizaciones, porque evita que el resto del país y la comunidad internacional conozcan la situación en El Estor. Hoy se anunció una caravana que se dirigirá al municipio para verificar qué sucede en el municipio.
Abuso de autoridad
Otra de las participantes en la conferencia aseguró que un estado de Sitio es el peldaño previo a un estado de Guerra, que dentro de los estados de excepción sería lo máximo.
“Es preocupante cómo están catalogando a los pueblos indígenas como comunidades que les gusta el terror, el desorden”, añadió.
Según sus palabras, lo más preocupante es lo que dice el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, acerca de que van a ejecutar y darle cumplimiento al mandato de lo que dice el estado de Sitio.
Esto incluye capturar, callar, censurar y deshacer lo que tengan que deshacer por cumplir esa medida, aseveró.
Agregó que el estado de Sitio no tiene fundamento, porque la ley dice que debe implementarse por desorden público. Pero que el gobierno lo fundamentó diciendo que hay ingobernabilidad, lo que no es aplicable en este caso.