Por medio de un comunicado, varias organizaciones internacionales que trabajan el respeto de los Derechos Humanos han manifestado su rechazo a la reactivación del antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), Glorias Porras y Francisco de Mata Vela, ya que a su consideración, amenaza el respeto a la independencia judicial en el país.
El pasado 08 de marzo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió al Congreso otra solicitud de retiro de inmunidad en contra de los dos integrantes de la CC, la cual fue promovida por la Asociación de Dignatarios.
“La decisión de la CSJ desafía una decisión anterior de la CC que había suspendido definitivamente el levantamiento de su inmunidad. Es muy preocupante que la decisión de la CC haya sido abiertamente ignorada por la CSJ. Emitida sólo días después de la reelección de Gloria Porras como magistrada de la CC para el período 2021-2026, la decisión de la CSJ sugiere una represalia de fuerzas e intereses corruptos en respuesta a la elección de Porras”, se lee en el comunicado.
Los firmantes, además, aseguran que la adhesión a los estándares internacionales garantiza la protección de la independencia de los operadores de justicia, incluidos los jueces y magistrados.
“Entre las garantías señaladas en estos estándares se encuentra la protección contra presiones externas. Uno de los principales mecanismos de protección y de salvaguarda de la independencia judicial es la inmunidad judicial y, por lo tanto, es fundamental que no se utilice para conseguir fines políticos o para amenazar la misma independencia que se pretende proteger. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados ha establecido claramente que los operadores de justicia no deben ser objeto de procedimientos disciplinarios o sanciones relacionadas con el contenido de sus resoluciones, veredictos o sentencias judiciales (A / HRC / 26/32, párrafos 84 y 87), algo que fue reiterado por el Relator Especial Diego García-Sayán al Estado guatemalteco en una comunicación del 22 de octubre de 2020”, indican.
“Lamentablemente, los pedidos de levantamiento de la inmunidad judicial de los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela se suman a una serie de acciones nefastas que se han llevado a cabo en su contra. Porras y de Mata Vela han sido objeto de varias acciones intimidatorias debido a su papel como operadores de justicia claves en la protección de los derechos humanos y el combate a la corrupción y, por ello, han recibido previamente medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, reiteraron.
Además, aseguran que los intentos de levantar la inmunidad judicial como táctica para penalizar a los operadores de justicia independientes por su papel en la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos no deben ser tolerados.
“La decisión del más alto tribunal de Guatemala -un órgano judicial responsable de garantizar que sólo avancen las solicitudes justas y fundadas- de tramitar la solicitud de antejuicio contra ambos magistrados, debe ser objeto de un severo escrutinio y crítica. Esta decisión pone en duda la capacidad de la CSJ para filtrar las demandas planteadas con motivos espurios, políticos o ilegítimos, y por lo tanto es una grave preocupación para el estado de derecho en su conjunto en el país”, señalan.
Elección de magistrados a la CC
A criterio de los firmantes, el proceso elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 estuvo marcado por la falta de transparencia y valores democráticos.
La influencia externa de actores corruptos en el proceso ha despertado la alarma en Guatemala y en la comunidad internacional. Ante estos antecedentes, instamos al Congreso de Guatemala a:
1. Devolver a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, deteniendo el avance del procedimiento y asegurando que el retiro de su inmunidad judicial no sea utilizado con fines políticos, ilícitos o de represalia;
2. Garantizar la transparencia, la equidad y la conformidad con los estándares internacionales en su proceso de toma de decisiones; y
3. Respetar la independencia judicial de la Corte de Constitucionalidad y los demás órganos jurisdiccionales del país.
Organizaciones firmantes:
- Impunity Watch
- Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC)
- Protección Internacional Mesoamérica
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG)