Decenas de organizaciones sociales guatemaltecas llamaron este jueves al gobierno a rechazar «los chantajes» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con gravar exportaciones y remesas si Guatemala no firma un acuerdo migratorio para convertirse en tercer país seguro.
«Exigimos al gobierno y al Congreso de la República que (…) no se sometan de manera servil a las presiones y los chantajes del gobierno de Donald Trump», señaló en un comunicado el colectivo de organizaciones Alianza por las Reformas.
La alianza consideró que el presidente guatemalteco Jimmy Morales tiene «intenciones irresponsables» de firmar un acuerdo para que Guatemala se constituya en tercer país seguro, negociación que el colectivo estima se ha hecho «a espaldas de la ciudadanía».
Aunque Morales ha desmentido que Guatemala mantiene negociaciones con Estados Unidos en esa vía, Trump arremetió el martes contra el gobierno guatemalteco al señalar que la nación centroamericana se habría retractado de firmar un acuerdo para ser tercer país seguro.
El 15 de julio pasado, Morales suspendió un encuentro con Trump previsto en Washington, en el que se sospechaba que firmaría el acuerdo.
El presidente canceló su viaje después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a favor de varios sectores. El máximo tribunal señaló al mandatario que para que un acuerdo de ese tipo cobre vigencia debe someterse antes a la aprobación del Congreso guatemalteco.
En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de Guatemala y a las remesas que los guatemaltecos envían de Estados Unidos a sus familias.
El presidente guatemalteco no respondió a Trump, pero responsabilizó a los jueces de la corte por las consecuencias que una imposición a las remesas tendrían en el país. Estos ingresos representan uno de los pilares de la economía guatemalteca.
La Alianza exigió a Morales respetar la resolución del tribunal constitucional e indicó que Guatemala no cuenta con las condiciones sociales para tramitar masivas peticiones de asilo de migrantes como tercer país seguro.
«Este acuerdo implicaría que miles de personas al año podrían permanecer en Guatemala mientras se resuelve su situación migratoria, lo cual provocaría una crisis humanitaria sin precedentes en el país», agregó el texto.
Las organizaciones también demandaron la renuncia de la canciller Sandra Jovel y el ministro del Interior, Enrique Degenhart, «por su incapacidad para manejar la política exterior y la política migratoria del país y por querer comprometer el futuro del país».
La migración se ha centrado en las discusiones en la región tras la salida el año pasado de caravanas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, huyendo principalmente de la pobreza y violencia.