La organización Alianza por las Reformas, junto a Acción Ciudadana, presentaron este lunes una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 4-2020, por medio del cual se aprueban las reformas a la ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
De acuerdo con las agrupaciones, los cambios realizados por el Congreso de la República a la referida normativa afectarían a grupos sociales que cuestionan las acciones del gobierno.
“Se busca perseguir y cancelar a organizaciones de la sociedad civil que son críticas del sistema de gobierno corrupto e impune que nos gobierna”, destacaron a través de un comunicado.
Además, consideran que el Decreto 4-2020 es una norma inconstitucional “debido a que establece procedimientos sumarios que permiten al gobierno cancelar de forma discrecional a las organizaciones no gubernamentales, limita el libre ejercicio del derecho de asociación y las condenan, incluso a una muerte civil sin proceso de defensa previo, violentando tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala”.
En su comunicado ambas entidades comparan este tipo de normativas con decisiones autoritarias tomadas en Venezuela y Nicaragua, cuyo fin, aseguran, es impedir el ejercicio ciudadano de las organizaciones que son críticas de las deficientes políticas del gobierno y que constituyen un retroceso en las prácticas de fortalecimiento democrático.
“Solicitamos a la Corte de Constitucionalidad que resuelva esta y las demás acciones de inconstitucionalidad que se presentaran en contra de la normativa señalada de forma objetiva, atendiendo a los principios constitucionales y al bloque de constitucionalidad que impera con el Estado de Guatemala”, destacaron las agrupaciones.
Aprobación
El 27 de febrero del 2020, el presidente Alejandro Giammattei había sancionado la normativa, aprobada por la alianza oficialista el 11 de ese mismo mes con 81 votos a favor, pero el 02 de marzo de ese mismo año, la CC otorgó un amparo provisional por varias acciones presentadas por diversas organizaciones sociales, contra el Congreso de la República y el Presidente de la República por las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo y dejó en suspenso su entrada en vigor.
Uno de los artículos que contempla la ley, establece que, si una oenegé utiliza los fondos, que recibió de donantes para su funcionamiento, en actividades que alteren el orden público, serán canceladas inmediatamente y los directivos de esas entidades sufrirán consecuencias penales.
“Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externos para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada en el Registro de las Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación y sus directivos responsables, serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente, en el entendido que la ONG cancelada, no podrá operar bajo esa denominación. El reglamento desarrollará lo referente al proceso de cancelación”, dice parte del artículo 15.