Organismo Ejecutivo publica prorroga de Estado de Calamidad por 30 días más

Este jueves, el Organismo Ejecutivo publicó en el Diario Oficial el Decreto Gubernativo 12-2020, el cual decreta la prórroga, por 30 días más, el Estado de Calamidad Pública, debido al aumento de casos relacionados con el nuevo coronavirus Covid-19. La medida estaría vigente hasta el 5 de agosto de 2020.

En la nueva disposición, firmada el 23 de junio en el Consejo de Ministros, detalla que es esencial que se sigan tomando las medidas sanitarias y económicas para evitar consecuencias graves para los habitantes del país y con ello mitigar el contagio del coronavirus y los efectos que causa en el territorio guatemalteco.

Asimismo, en el artículo 4 del decreto en mención, convoca al Congreso de la República para dentro del término de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe la prórroga. El Organismo Legislativo convocó a los diputados para este jueves a una sesión extraordinaria para conocer la ampliación al Estado de Calamidad.

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Además, el documento incluye un apartado que declara cuáles son los medicamentos esenciales para el país durante la actual crisis. “Por motivos de interés nacional y como protección social contra las enfermedades, en la presente calamidad de salud pública se declaran medicamentos esenciales, con base a la lista efectuada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS-EML-ICU-COVID-19), los siguientes:

  • Soluciones parenterales
  • Gases medicinales para la ventilación y respiración de pacientes, incluyendo oxígeno.
  • Medicamentos vaso activos para el mantenimiento de la presión arterial
  • Medicamentos corticosteorides
  • Antimicrobianos incluyendo la azitromicina, ivermectina, remdesivir, oseltamivir y otros medicamentos activos contra el SARS-CoV-2.», indica.

De acuerdo con el Gobierno, con esto se busca que personas individuales o jurídicas no acaparen dichos medicamentos, especulen con sus precios o «nieguen el suministro de estos o servicios relacionados, así como cualquier otra acción o práctica que impida a los servicios de salud pública o privada tener acceso a los mismos».

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