La justicia argentina ordenó el desafuero y arresto de la exmandataria y senadora Cristina Kirchner (2007-2015) por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía que causó 85 muertos en 1994, informó este jueves a la AFP una fuente judicial.
La orden incluye además a su excanciller, Héctor Timerman, y a otros exfuncionarios de su gobierno.
A Kirchner se le acusa de traición a la patria por haber firmado en 2012 un pacto con Irán que buscaba indagar en Teherán u otro país a exaltos funcionarios iraníes acusados del atentado.
La orden la dictó el juez federal Carlos Bonadío, quien le había tomado declaración a Kirchner en octubre pasado cuando la expresidenta presentó un escrito para rechazar todas las acusaciones.
«Como sucede regularmente en Argentina la noticia se filtró primero por la prensa y Cristina todavía no ha sido notificada», dijo a la AFP un allegado a la exmandataria.
Kirchner acaba de jurar como senadora, electa en las legislativas de octubre, y asumirá el 10 de diciembre.
Para cumplir con el pedido del juez deberá primero ser sometida a un proceso de desafuero en el Congreso para lo cual se requiere que el gobierno del presidente Mauricio Macri incluya ese pedido en una convocatoria a sesiones extraordinarias.
El pedido deberá ser tratado por la Cámara Alta donde requerirá para ser aprobado el apoyo de dos tercios de los presentes.
A partir del 10 de diciembre la alianza oficialista Cambiemos tendrá 25 bancas (de un total de 72), mientras que el peronismo tendrá 32, pero sólo una decena de éstos responden directamente a Kirchner.
La causa que investiga Bonadío fue abierta a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman presentada cuatro días antes de morir, el 18 de enero de 2015.
«Es un gran disparate jurídico. El objetivo de esta persecución judicial es atemorizar a los dirigentes de la oposición en el Parlamento. Quieren a un Parlamento sumiso», había dicho la senadora a la salida de los tribunales cuando se presentó ante el juez.
Este jueves por la mañana también fue arrestado en su casa de Río Gallegos, en la provincia austral de Santa Cruz, el exsecretario de Legal y Técnica de la expresidenta, Carlos Zannini, mano derecha de Kirchner.
El magistrado Bonadío encausó además, sin prisión preventiva y con prohibición de salir del país, al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli y al dirigente social kirchnerista Luis D’Elía, entre otros.