- Manifiesta «profunda preocupación» por la situación del periodista José Rubén Zamora y por la forma en que el juez Erick García fue amenazado antes de emitir su resolución.
Washington D.C. / Ginebra—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dos expertas independientes, las Relatoras Especiales de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y sobre la Libertad de Opinión y de Expresión manifiestan su profunda preocupación por el regreso a prisión del periodista José Rubén Zamora en Guatemala el pasado 10 de marzo de 2025 y las denuncias sobre amenazas a operadores judiciales.
Notan con grave preocupación que, durante la audiencia, el juez a cargo del caso manifestó haber sido objeto, junto con el personal del juzgado, de amenazas e intimidaciones por parte de individuos desconocidos. Dicha circunstancia podría constituir una violación del derecho a un juicio justo y comprometer la independencia judicial, principio fundamental reconocido en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura.
La CIDH y las Relatoras Especiales de la ONU señalan que, conforme a los estándares internacionales, la prisión preventiva debe ser aplicada de manera excepcional y proporcional, atendiendo estrictamente a los principios de presunción de inocencia y necesidad procesal.
A criterio de estas entidades, podría llegar a resultar contradictorio que, habiéndose demostrado la ausencia de riesgo de fuga y habiendo sido reconocido por el propio juez que se habría excedido el plazo razonable de prisión preventiva, se haya ordenado el regreso a prisión de Zamora. Cabe señalar que la CIDH en mayo de 2024 y las Relatoras Especiales de la ONU en julio de 2023 y agosto de 2024 alertaron sobre la permanencia de la prisión preventiva del periodista, quien además es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana, y solicitaron al Estado de Guatemala informes periódicos sobre los motivos de la restricción de su libertad, la satisfacción de las condiciones de razonabilidad del plazo, y la inexistencia de alternativas menos lesivas.
Asimismo, resulta de particular preocupación que esta decisión se produzca cuando existe un recurso de amparo pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia que impugna precisamente la validez de la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del 4 de marzo que ordenó revocar las medidas sustitutivas de arresto domiciliario en favor de José Rubén. La CIDH y las Relatoras Especiales de la ONU han sido informadas de que la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema suspendió repentinamente una sesión ya programada para conocer este amparo, lo que genera inquietudes sobre la administración de justicia en este caso.
La CIDH y las Relatoras Especiales de la ONU expresan su preocupación por que el caso del señor Zamora, quien ya ha permanecido más de 800 días en prisión desde su detención inicial en julio de 2022, se ha caracterizado por una excesiva dilación en los procesos judiciales y una aparente priorización de su encarcelamiento por encima de la resolución de fondo de las acusaciones en su contra. La programación de una audiencia para septiembre de 2025 en uno de los procesos, mientras el otro permanece sin fecha determinada, pueden generar una dilación injustificada que mantenga al periodista en una prolongada incertidumbre legal.
— Ricigt (@Ricigt1) March 26, 2025
La CIDH y relatoras de la ONU expresan profunda preocupación por el regreso a prisión del periodista José Rubén Zamora el 10 de marzo.
Alertan sobre amenazas al juez Erick García y su personal, lo que pone en riesgo la independencia judicial y un juicio justo.
La CIDH y las Relatoras Especiales de la ONU enfatizan que este es un caso emblemático de libertad de expresión, ya que los cargos presentados contra el Sr. Zamora, fundador y presidente del periódico guatemalteco El Periódico, parecen ser una represalia directa por sus informes críticos sobre el gobierno y sus investigaciones pioneras sobre la corrupción en el país. El continuo acoso judicial consistente en la acumulación de procesos judiciales contra el Sr. Zamora y el personal de El Periódico y el posterior cierre del medio de comunicación constituyen una represión directa de la libertad de expresión y la libertad de prensa, contraria a los estándares internacionales.
La CIDH y las Relatoras Especiales de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados y sobre la Libertad de Opinión y de Expresión continuarán dando seguimiento cercano a la situación del periodista José Rubén Zamora.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se conocen como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como secretaría para los Procedimientos Especiales, los expertos sirven a título personal y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y la ONU. Cualquier opinión o punto de vista presentado es exclusivamente del autor y no representa necesariamente