ONU manifiesta preocupación por amenazas a activistas de Guatemala

La Organización de las Naciones Unidas,  ha asegurado hoy que la situación de defensores de derechos humanos en Guatemala «es motivo de preocupación» tras el asesinato esta semana del locutor Mario Salazar y el ambientalista Walter Manfredo Méndez.

Este último, uno de los activos defensores de la Selva de la Biosfera Maya (RBM), fue encontrado muerto con varios disparos el pasado miércoles 16 en un terreno de su propiedad en el departamento de Petén. Méndez había sido amenazado de muerte en varias ocasiones por oponerse, a través del Frente Petenero contra las Represas, a los proyectos hidroeléctricos en el río Usumacinta, además era el presidente de la «Cooperativa La Lucha», la cual agrupa a decenas de campesinos locales de los bosques de la biosfera maya.

La ONU, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), denunció también el ataque armado que causó la muerte al locutor de radio del departamento de Jutiapa, Mario Salazar.

«Todo acto de violencia que queda impune es una invitación abierta a nuevos actos de violencia, y debilita la democracia y el Estado de Derecho. Confiamos en que las investigaciones que realiza el Ministerio Público puedan esclarecer prontamente estos hechos», señala la ONU en un comunicado.

Esta amenaza que se percibe sobre líderes civiles fue denunciada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Guatemala.

En 2015, según los datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), fueron asesinados 12 defensores, al tiempo que se registraron 15 agresiones a periodistas a tenor de las cifras recogidas por la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas.

El asesinato de Méndez se produce pocas semanas después del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, cuya muerte fue interpretada por los colectivos sociales de Guatemala como una «amenaza» para todos los defensores de los derechos humanos y el medioambiente en la región.

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