El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció este viernes ejecuciones extrajudiciales de opositores en zonas rurales que participaron en protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
«Lo más grave y nuevo en este período es la existencia de las ejecuciones extrajudiciales que se están dando en el norte» de Nicaragua, dijo la abogada Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, en un informe sobre la situación de derechos humanos entre julio y agosto.
El documento describe los últimos meses de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 20018, cuando manifestaciones contra una reforma a la seguridad social derivaron en una demanda de renuncia de Ortega.
La represión a las manifestaciones ha dejado 328 muertos y cientos de encarcelados, mientras 62.500 personas abandonaron el país, según el segundo informe de 2019 del Cenidh.
Prevalece «un patrón de impunidad» en las muertes que ocurren en las zonas rurales, agrega el reporte, y advierte que la violencia en el campo «coincide con la presencia masiva de paramilitares y un aumento inusual de tropas militares».
El organismo documentó el asesinato de 17 campesinos «que pudieran constituir ejecuciones extrajudiciales» entre enero y agosto pasados.
Ttodos ellos fueron «acribillados a balazos».
El caso más relevante mencionado por el informe es el asesinato, en Jinotega (norte), de cuatro miembros de una familia de apellido Montenegro, tres de los cuales estaban refugiados en el lado hondureño de la frontera con Nicaragua.
«No hay ninguna duda de que se trata de ejecuciones sumarias, porque hubo un seguimiento de autoridades de Nicaragua hasta invadir Honduras», indicó Núñez en rueda de prensa.
El cuarto integrante de la familia fue asesinado de tres disparos en una comunidad rural de Jinotega, indica el reporte.
El CENIDH también identificó como una «nueva fase represiva» la persecución contra opositores que fueron excarcelados en junio pasado bajo una polémica ley de amnistía, con el objetivo de amedrentarlos y lograr que se vayan del país.
En esta persecución la aduana de Peñas Blancas, en la frontera con Costa Rica, se ha vuelto «un lugar de represión y riesgo» para los opositores, apuntó.