Un hombre murió el domingo en Ecuador en el quinto día de manifestaciones y bloqueos de carreteras contra fuertes alzas de precios de combustibles, que desataron un estallido social que también deja 14 civiles heridos y 477 detenidos.
«Lamentamos los hechos de violencia que se han generado y que han costado su primera víctima», expresaron por Twitter las Fuerzas Armadas, que están movilizadas para restablecer el orden en el marco del estado de excepción por 60 días dispuesto el jueves por el presidente Lenín Moreno.
En desafío a la autoridad, la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también declaró un «estado de excepción en todos los territorios indígenas».
«Militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)», señaló la organización en un comunicado.
El portavoz de la Conaie, Apawki Castro, dijo a la AFP que comunidades indígenas han retenido a varias decenas de uniformados, lo que no es reconocido por el Ejecutivo.
Grupos de aborígenes y campesinos continuaron el domingo bloqueando carreteras. Las protestas se producían en una decena de provincias de la costa y del cordón andino, desde Carchi (norte y fronteriza con Colombia) hasta Loja (sur y limítrofe con Perú), según el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.
Entre los incidentes, el gobierno reportó que «se encontró a un hombre de 35 años sin signos vitales, víctima de un atropello por un vehículo que aparentemente huía del lugar al ser agredido por comuneros que mantienen bloqueada la vía pública» en Azuay (sur).
Decidido a dialogar
La ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, indicó el balance nacional incluía 14 civiles heridos, entre ellos un joven que perdió un ojo, y 477 arrestados, la mayoría por actos vandálicos.
Las protestas desde el miércoles en Ecuador, cuya economía afronta serios problemas de iliquidez y un alto endeudamiento, también dejaban 59 uniformados heridos, según se informó el viernes.
Comunidades aborígenes tienen previsto marchar en las próximas horas hacia Quito para rechazar el alza de combustibles y la explotación de recursos naturales en sus territorios.
«Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados», manifestó a su vez Moreno en otro espacio transmitido por radio y televisión.
Con el estado de excepción en vigencia, la casa presidencial permaneció el domingo acordonada, con presencia de soldados y vehículos militares como una tanqueta.
El gobierno enfrenta una ola de descontento social por eliminar subsidios por 1.300 millones de dólares a los combustibles más utilizados en el país petrolero, en el marco de una cura de austeridad pactada con el FMI a cambio de un auxilio de 4.209 millones de dólares y para acabar con el contrabando hacia los vecinos Perú y Colombia.
Con esa medida se elevó el jueves en hasta 123% los precios: el galón de 3,79 litros de diésel pasó de 1,03 a 2,30 dólares y de gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares.
Clases suspendidas
Con militares y policías movilizados, el ministerio de Educación señaló el domingo que «en algunos sitios de la sierra ecuatoriana existen amenazas de paralizaciones y cierres de vías», por lo que «se ha dispuesto mantener suspendidas las clases, en el régimen sierra, este lunes».
El bloqueo de carreteras en la parte andina se acentuó este fin de semana.
«En la gran mayoría de la región (andina) sí tenemos algunas alertas de paralización de vías, sí tenemos algunas alertas todavía de algunos focos donde pueden haber enfrentamientos con la fuerza pública», dijo Romo.
Las manifestaciones, protagonizadas también por estudiantes, trabajadores y opositores, no cesan a pesar del estado de excepción, que faculta a Moreno medidas como restringir derechos como el de la libre movilidad e imponer la censura previa para la prensa.
Tras una huelga de dos días de los transportistas, que concluyó el viernes, el Ejecutivo dispuso alzas de un 30% para los pasajes interprovinciales y sugirió aumentos de hasta 10 centavos de dólar para la transportación urbana, bajo control de los municipios. En Quito el pasaje cuesta 25 centavos.
Antes de 2007, la dolarizada nación sufrió casi una década de su mayor inestabilidad política y protestas sociales derivaron en el derrocamiento de tres presidentes, dos de los cuales intentaron ajustes económicos.