- El defensor del pueblo ve todo lo que sucede en Guatemala, escucha los efectos que las violaciones a los derechos humanos provocan, pero su silencio le hace cómplice de las mismas fuerzas que le llevaron al cargo. Alejandro Córdova, el PDH invisible
Oír, ver y callar, es parte de un refrán popular que se utiliza para señalar a una persona que sabe lo que sucede, pero no hace nada, ni siquiera denuncia. En el caso de un defensor del pueblo, no actuar es lo mismo que propiciar que se violen los Derechos Humanos.
El análisis de la gestión de Alejandro Córdova como Procurador de los Derechos Humanos (PDH) revela una serie de críticas por su falta de acción en temas clave como la defensa de la libertad de prensa, la ineficiencia del sistema de justicia, la defensa de la democracia y la protección de derechos fundamentales, incluyendo el acceso a la salud, entre otros.
En los casos de violaciones a los DDHH que más interés captan a nivel nacional o internacional, Córdova no ha emitido siquiera opinión y más bien ha dado la impresión de querer estar alejado para no intervenir, aunque se trata claramente de violaciones que, en algunos casos, han recibido atención de organismos multinacionales, mientras que para la PDH ni siquiera existen.
La justicia coludida
Entre los 30 artículos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varios de ellos se refieren al sistema de justicia: derecho a juicio justo, no ser sometido a penas o tratos crueles, recursos legales efectivos, tribunales independientes e imparciales, presunción de inocencia, la detención arbitraria, la tortura y demás garantías que, además, están consignadas en la Constitución de la República.
En Guatemala todos esos derechos están mancillados por un sistema de justicia que ha sido cooptado desde hace años. El anterior PDH, Jordán Rodas, se atrevió a levantar la voz y denunciar los abusos de la administración de Alejandro Giammattei, pero luego llegó el silencio de una institución que fue creada precisamente para ser contrapeso del poder del Estado.
¿Qué ha dicho el PDH Córdova?Nada, es un tema que no tiene siquiera carpeta abierta y los casos paradigmáticos de la manipulación de la justicia son ignorados por el Ombudsman
El sistema judicial guatemalteco se enfrenta a numerosos desafíos, entre ellos, la corrupción y la manipulación política de las instituciones. La persecución contra jueces como Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez, de fiscales como Virginia Laparra, Thelma Aldana o Juan Francisco Sandoval, sonsolo algunos de los ejemplos de la criminalización generalizada que han desplegado el Ministerio Público (MP), los tribunales y cortes en contra de personas que han tenido que huir al exilio para no ser enviados a prisión injustamente, con tortura y malos tratos incluidos, como se han reportado y documentado en varios casos.
El sistema de justicia no solo es ineficiente, sino que está siendo utilizado como un instrumento de represión política. Sin embargo, Córdova no ha hecho esfuerzos notables para denunciar de manera contundente estas violaciones al debido proceso. En un rol que debería ser proactivo para denunciar y cuestionar la corrupción judicial, Córdova ha sido pasivo, lo que refuerza la percepción de que la PDH no cumple con su papel de ser un contrapeso ante las violaciones del sistema de justicia y más bien confirma que ha sido parte de la cooptación de instituciones que ha sufrido el Estado, principalmente bajo la administración de Gimmattei.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones internacionales que velan por la independencia de jueces y magistrados, han denunciado lo que sucede en el país, en donde las instituciones del sector justicia responden a intereses espurios para promover un marco de impunidad a favor de la corrupción.
Prueba de lo anterior es que más de veinte jueces, fiscales y funcionarios del sector justicia han sido sancionados internacionalmente por ser considerados como corruptos y antidemocráticos.
La más sancionada es la fiscal general, Consuelo Porras, que ha sido señalada y castigada con sanciones por más de 40 países bajo los mismos señalamientos.
Libertad de prensa
En Guatemala, la libertad de prensa ha estado constantemente amenazada, en particular por la persecución judicial y el acoso hacia periodistas críticos sobre el tema de corrupción, como en el caso de José Rubén Zamora, periodistas y columnistas del desaparecido diario elPeriódico –obligado a cerrar por el acoso judicial–, que han sido criminalizados por el MP, con resoluciones de algunos jueces coludidos con las estructuras de corrupción.
A pesar de las denuncias y el llamado de varias organizaciones que defienden la libertad de prensa en el mundo, la actuación de Córdova ha sido del todo nula. En lugar de posicionarse con firmeza en defensa de los periodistas perseguidos, ha mantenido un silencio servil para la causa de quienes promueven la impunidad y prefieren el silencio de la prensa.
Esta falta de acción ha puesto en evidencia que el PDH ha incumplido su mandato de garantizar y promover el derecho a la libertad de expresión.
Cabe destacar que tanto el tema de la falta de independencia del sistema judicial, como el acoso a la prensa, son los temas más relevantes del incumplimiento del PDH, pero en realidad el funcionario se ha dedicado exclusivamente a programas de educación en materia de DDHH y otras actividades que, sin embargo, sirven únicamente para consumir su presupuesto de casi Q290 millones anuales.
Ataque a la democracia
A lo largo del 2023 y hasta la fecha, se ha visto un acoso enfocado claramente en contra de la democracia, por medio de una serie de acciones llevadas a cabo por el MP y el juez coludido Fredy Orellana, con el fin de impedir que asumiera la presidencia de la República Bernardo Arévalo, amplio ganador del proceso electoral.
A pesar de no contar siquiera con indicios serios de un supuesto fraude electoral, se llevó a cabo un intenso acoso contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con persecución judicial contra el propio Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera. A estas acciones se les calificó como intento de golpe de estado judicial y, otra vez,se hizo notoria la ausencia de la figura del PDH, quien por su propio mandato debiera intervenir a favor de que se respetara la voluntad popular expresada en las urnas.
Con el cambio de Gobierno el 14 de enero pasado, la actitud del PDH no varió un ápice, hasta convertirse en una figura decorativa, en vez de ser un auténtico defensor del pueblo y de las libertades y derechos de los ciudadanos.
Reacciones
Crónica quiso conocer la opinión de algunos personajes públicos que han sido críticos ante la falta de acción del PDH Córdova, y lo expresado por ellos muestra el nivel de incumplimiento del mandato de quien está llamado a defender los DDHH.
En términos generales se puede decir que no hay opiniones favorables hacia la gestión de Alejandro Córdova de parte de analistas o simplemente observadores del tema de Derechos Humanos.
Conocer la opinión de su antecesor en el cargo es interesante. Jordán Rodas considera que, con la actual PDH estamos ante un ejemplo de normas vigentes no positivas es decir que no se cumplen la práctica. El exprocurador añade que la ausencia del Procurador en la vida real del país no es una apreciación personal, lo dejó claramente establecido la CIDH en su reciente visita al país y en sus informes”.
Luis Linares, exministro de Trabajo y analista político, destaca la necesidad de un auténtico defensor de los derechos humanos, y recuerda el rol que le dá la Constitución a la figura del Procurador de los DDHH, por lo que expone su perspectiva:
El papel desempeñado por el primer PDH, el ilustre y respetado jurista Gonzalo Menéndez de la Riva, no ha sido ni de lejos emulado por varios de sus sucesores, llegando a la penosa y trágica situación actual, en la que no es exagerado afirmar que la institución del PDH brilla por su ausencia.
El excandidato presidencial, Roberto Arzú, quien se ha mantenido expresando su punto de visita en torno a la problemática nacional, considera que la llegada del actual Procurador ha invisibilizado la institución, dejando un vacío en la defensa de los derechos de la población y debilitando su presencia en audiencias públicas y acciones de protección.
Añade de manera contundente: Lejos de cumplir con su mandato, el Procurador actual ha puesto a la PDH al servicio del proyecto de corrupción e impunidad impulsado por el gobierno de Alejandro Giammattei, en complicidad con la fiscal general Consuelo Porras. La institución, que antes era confiable para la sociedad civil en su lucha contra los abusos, ha sido inutilizada, dejando a la ciudadanía sin uno de los principales mecanismos de protección frente a los tres poderes del Estado. Esto ha contribuido a una grave desprotección de los derechos humanos en el país.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Ana Julieta Cárdenas, recuerda que, pese a que hay una oficina de defensa de los derechos de los periodistas, no hemos visto su actuar en contra de la criminalización de más de una veintena de periodistas que han tenido que salir al exilio, sin que el PDH diga algo ante la criminalización de sus casos. Además, ahí está el caso del periodista José Rubén Zamora, quien no ha contado con defensa ni apoyo de parte de Córdova.
Conclusión
El desempeño de Alejandro Córdova como PDH está marcado por una inacción significativa en áreas críticas como la libertad de prensa, la justicia y la democracia, aunque tampoco se le ve en un rol defendiendo derechos como los de la salud o la educación, para citar dos que son relevantes, lo que ha mermado su credibilidad y la efectividad de la institución que dirige.
Las tareas del PDH
Estas son las cinco tareas que la Ley respectiva y la Constitución mandan al PDH:
- 1. Protección de Derechos Humanos La Procuraduría debe proteger y defender los derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. (Incumple)
- 2. Recepción de Quejas. Tiene la facultad de recibir y dar trámite a las quejas presentadas por los ciudadanos en relación con violaciones a sus derechos. (Cada vez recibe menos)
- 3. Investigación. La Procuraduría puede investigar incidentes donde se alegue la violación de derechos humanos por parte de autoridades o funcionarios públicos. (Incumple en los casos más delicados)
- 4. Recomendaciones. Puede emitir recomendaciones a las instituciones del Estado para corregir conductas que atenten contra los derechos humanos. (Ninguna importante)
- 5. Promoción de Derecho: Deberá llevar a cabo actividades de educación y promoción sobre derechos humanos para concientizar a la población. (Parcialmente cumple).