Foto de portada: CRN Noticias
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) expresó preocupación por los continuos ataques contra operadores de justicia y abogados independientes en Guatemala. La organización se pronunció luego de la detención de la ex mandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Leyli Santizo por un caso bajo reserva.
Wola indicó que la labor de los operadores de justicia ha sido vital en la lucha contra la corrupción y sus derechos deben ser protegidos.
Además, la organización guatemalteca también se pronunció sobre la detención de Santizo. El colectivo manifestó que los fiscales transparentes que no se han prestado a los intereses corruptos son perseguidos y criminalizados.
También hizo un llamado a condenar este tipo de acciones que afectan la democracia del país.
Las capturas
Durante la mañana de este jueves, 10 de febrero, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) llevó a cabo diversos allanamientos para aprehender a Santizo, así como a la fiscal Eva Siomara Sosa.
Los operativos del MP estarían vinculados al caso Odebrecht, a cargo de la jueza de Mayor Riesgo “D” Erika Aifán. Aunque el Ministerio Público indicó que el caso está en reserva, cuentas de “net center” anticiparon que se trata de esa investigación.
Las órdenes de captura fueron autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación.
De acuerdo con el MP, Santizo fue aprehendida por obstrucción a la justicia en el caso Cooptación y Corrupción Judicial, carpeta judicial que actualmente está bajo reserva. De acuerdo con una fuente cercana al tema, la exmandataria fue acusada de obstruir la justicia al haber pedido la conexión del caso Odebrecht.
De acuerdo con la información preliminar, las capturas están siendo ordenadas contra personas que participaron en una audiencia y que solicitaron que se uniera el caso a la multicausa, esto luego que la jueza Erika Aifán resolviera a favor de esta solicitud, la jueza cuarta habría planteado un conflicto de competencia avalado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido, el Ministerio Público ordenó las capturas por supuesta “obstrucción a la justicia”.
Hasta el momento se conoce que personas con órdenes de aprehensión no incurrieron en un delito, de hecho, habrían ejercido su derecho de petición, contemplado en el Artículo 8 de la Constitución Política de la República:
“Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna”.
Estas capturas fueron anunciadas preliminarmente por cuentas de “Net centers”, tal como ha sucedido con otras capturas de funcionarios y exfuncionarios, precisamente durante la administración de Porras.
La cuenta @PanelBlanca88 desde las 20:44 horas de ayer anunció preliminarmente los eventos y este 10 de febrero a las 8:57 publicó: “Este honorable panel los observa muy de cerca fiscales corruptos”.
Consiguientemente, Ricardo Méndez Ruiz publicó en un tuit: “podría tratarse de diligencias derivadas de la denuncia de la FCT, en relación a la conexión ilegal del caso Odebrecht/Sandoval con la Multicausa, solicitada por la ex FECI Eva Sosa, y autorizada por la prevaricadora Erika Aifán”.