Se quita verificación al PDH; Icefi pide que no se aprueben reformas
El oficialismo en el Congreso de la República pretende aprobar en la sesión de este día las reformas a la Ley de Acceso a la Información, lo que le daría al sector político dos beneficios: controlar la nueva dependencia, y crear otro centro de empleo para las fuerzas políticas.
Mientras sectores sociales advierten sobre el retroceso que implican estas reformas, las bancadas afines al oficialismo reúnen los votos necesarios para aprobar los cambios en la citada ley, siendo el más sensible la creación de una nueva dependencia, que arrebata de la Procuraduría de los Derechos Humanos el poder de verificar el cumplimiento, que ahora estaría en manos de alguien afín, nombrado por los propios diputados.
En definitiva se elimina totalmente la independencia en la verificación del cumplimiento de la citada ley, al trasladarlo a un ente que depende totalmente del Congreso.
El Instituto de Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), realizó un estudio de las reformas y destaca todos los defectos que contiene la iniciativa. Con esto se demuestra que se trata de un control político sobre el libre acceso a la información por parte de los diputados.
La Ley de Acceso a la Información es una herramienta que pretende fortalecer la transparencia en los estados. En el caso de Guatemala, ha existido un rechazo de muchas instituciones del Estado a cumplir con las normas establecidas. No se trata de una Ley para favorecer a los periodistas, sino a toda la ciudadanía.
Lo que dice informe de ICEFI
El ICEFI pide al Congreso que no se aprueben las reformas y destaca en un estudio todos los aspectos negativos de la iniciativa que impulsa el oficialismo.
Como principal anomalía, el Icefi considera que el dictamen favorable para la iniciativa de ley 5792 tergiversa la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y su Guía de Implementación, así como el reconocimiento por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cuanto la necesidad de crear un órgano de supervisión independiente y especializado responsable de supervisar el funcionamiento del régimen de acceso a la información pública y su cumplimiento.
Añade el ICEFI que el dictamen de la iniciativa de ley 5792 invoca el estándar de la OEA, pero el articulado propone disposiciones legales para la creación de una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP), que de ser aprobadas violentarían las características básicas del órgano independiente y técnico que recomienda la OEA.
Entre otras anomalías, el Icefi destaca las siguientes: Contrario a lo recomendado por la OEA, la discusión de esta propuesta legislativa no fue pública, abierta e incluyente, y con ello marginó puntos de vista sobre la conveniencia y alcance de una reforma a la LAIP, una ley esencial para garantizar la transparencia y la auditoría social.
Debido a la gravedad de estas anomalías, el Icefi recomienda al Congreso de la República no aprobar la versión dictaminada de la iniciativa de ley número 5792. Además, recomienda que toda discusión de propuestas para reformar la LAIP, observen los principios de publicidad, apertura e inclusión, se cumplan con rigor las recomendaciones de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información