- Los 154 votos que llevaron a Elfego Castañón a la Contraloría muestran una convergencia política excepcional.
- La discusión del presupuesto de 2027 y los fondos para obras públicas alimentan las sospechas sobre posibles concesiones.
- El oficialismo niega condicionamientos y, hasta ahora, no existe evidencia pública concluyente de un intercambio.
Redacción Crónica
El oficialismo consiguió el martes 6 de octubre una mayoría que desbordó cualquier previsión: 154 diputados eligieron a Elfego Odair Castañón González como contralor general de Cuentas para el período 2026–2030. El funcionario fue juramentado y asumirá el 13 de octubre, en sustitución de Frank Helmuth Bode Fuentes. La contundencia del resultado deja una pregunta política pendiente: ¿qué permitió reunir tantos votos alrededor del candidato favorecido por el Gobierno?
Castañón, actual subcontralor Administrativo, es hermano del diputado oficialista Manfredo Duvalier Castañón González. La votación registró únicamente un voto en contra: el de su hermano, según el reporte de la sesión. El contralor electo sostuvo que actuará con independencia y negó haber adquirido compromisos con bancadas o congresistas.
La victoria es clara. La explicación de cómo se construyó esa mayoría todavía requiere transparencia.
El giro de una semana
El desenlace contrasta con lo ocurrido apenas una semana antes. El 29 de septiembre, integrantes de Cabal, Valor, Vamos, Todos y una facción de la UNE buscaban adelantar la elección para favorecer a Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, subcontralor de Calidad del Gasto Público. Aquella operación no prosperó, después de que se retiraran apoyos y se frustrara la intención de llevar la votación al pleno.
El margen que dejó ese fracaso permitió al oficialismo continuar sus conversaciones. José Carlos Sanabria reconoció que buscaban consensos para Castañón. Para el 5 de octubre, legisladores de Cabal y UNE admitían el cambio de apoyo, mientras la Comisión de Finanzas se preparaba para discutir el proyecto de presupuesto de 2027, presentado por un monto cercano a Q192 mil millones.
La coincidencia entre ambas decisiones constituye el centro de las dudas: se eligió al funcionario encargado de fiscalizar el dinero público justo cuando comenzaba a discutirse cómo distribuir los recursos del siguiente año, que además será electoral.
Sin embargo, hubo otros factores. Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, consideró que los mensajes internacionales sobre una elección independiente de redes ilícitas desalentaron apoyos a Castellanos y favorecieron a Castañón. Su advertencia para el nuevo funcionario apunta al ejercicio del cargo: deberá resistir las peticiones que puedan hacerle quienes votaron por él.
El presupuesto como posible moneda de cambio
Los señalamientos sobre una negociación más amplia deben leerse con una distinción esencial: hay hipótesis y advertencias de analistas; no un intercambio demostrado.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales —Icefi—, lo expresó así al examinar el escenario previo a la votación: “Ahorita todo está en el mundo de los rumores, el análisis y las percepciones”.
Barrientos planteó que las conversaciones podrían involucrar el presupuesto de 2027, recursos extraordinarios para los Consejos Departamentales de Desarrollo —Codedes—, la próxima Junta Directiva del Congreso y medidas tributarias. Advirtió sobre la posibilidad de aportes extraordinarios de entre Q5 mil millones y Q7 mil millones a los Codedes. Esas cifras describen el escenario que analizó, no una asignación aprobada ni una condición probada de la elección.
El riesgo político es comprensible: las obras en los territorios pueden convertirse en instrumentos de influencia electoral. Pero para establecer un beneficio indebido a un diputado hace falta identificar proyectos, decisiones, contratistas y vínculos concretos. Una votación casi unánime, por sí sola, no demuestra corrupción.
La pregunta es si los consensos alcanzados para la Contraloría reaparecerán al aprobar el presupuesto y si vendrán acompañados de cambios en las asignaciones para infraestructura. Allí podrá examinarse con mayor precisión cuánto hubo de coincidencia programática y cuánto de concesión política.
La respuesta del oficialismo
Sanabria negó que el presupuesto o los negocios cuestionados en el Ministerio de Comunicaciones hubieran allanado el camino para la elección. Afirmó que los acuerdos se construyeron alrededor de las capacidades técnicas y éticas de los aspirantes. “No se condicionó, no hubo presiones”, sostuvo al finalizar la sesión.
El señalamiento sobre Comunicaciones tiene un contexto concreto: un informe preliminar de auditoría, divulgado por La Hora, contiene hallazgos sobre las contrataciones de los puentes Mocá, Las Pericas y Santa Bárbara, adjudicados el 2 de julio mediante procedimientos que duraron siete días. La investigación periodística señala una posible sobrevaloración de Q148 millones y cuestionamientos sobre la selección y experiencia de las empresas. Se trata de hallazgos y señalamientos pendientes de sus correspondientes determinaciones, no de responsabilidades penales establecidas.
Para el nuevo contralor, esos expedientes serán una prueba visible de independencia. La fiscalización de proyectos del Gobierno que favoreció su elección permitirá valorar sus promesas con actuaciones verificables.
Los antecedentes impiden hablar de un hecho sin precedentes
Los 154 votos son una mayoría extraordinaria, pero las grandes convergencias alrededor de la Contraloría tienen antecedentes cercanos.
El 8 de noviembre de 2022, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, Frank Bode fue elegido con 148 votos. Por ello, el resultado actual supera al anterior en seis apoyos, pero no inaugura el fenómeno de una elección con respaldo abrumador.
Además, la elección de Bode coincidió con la aprobación del presupuesto de 2023. El propio Congreso presentó ambas decisiones como resultados del consenso legislativo alcanzado aquel noviembre. El presupuesto quedó fijado en Q115 mil 443 millones 737 mil. Esa cercanía muestra un antecedente de acuerdos simultáneos sobre fiscalización y gasto; no prueba, por sí misma, que existiera una transacción ilícita.
En 2019, Edwin Humberto Salazar Jerez fue elegido con 103 votos, después de seis meses de atraso. La votación estuvo rodeada de denuncias de diputados sobre supuesta compra de apoyos por Q100 mil. Salazar rechazó esos señalamientos y negó que su elección respondiera al respaldo del entonces presidente Jimmy Morales. El antecedente documenta una controversia, no una compra de votos.
También existen ejemplos verificables de modificaciones presupuestarias introducidas por alianzas legislativas. En noviembre de 2021, diputados de Vamos y sus aliados aprobaron enmiendas de último momento al presupuesto de 2022, entre ellas asignaciones para dos organizaciones no gubernamentales. Tales decisiones muestran cómo se alteran destinos del gasto durante la negociación parlamentaria, aunque no permiten atribuir automáticamente beneficios personales a los legisladores.
La prueba comienza después de la votación
La elección fue “exprés” por la contundencia con que se resolvió en el pleno, no porque todo el procedimiento hubiera ocurrido de un día para otro: el Congreso recibió la nómina de candidatos el 22 de septiembre.
Ahora corresponde observar tres decisiones: las modificaciones al presupuesto de 2027, los nombramientos dentro de la Contraloría y el tratamiento de las auditorías que afectan al Ejecutivo. También será decisiva la emisión de los finiquitos necesarios para inscribir candidaturas en las elecciones de 2027.
¿A cambio de qué? La información pública disponible todavía no permite responder con una transacción comprobada. Sí permite exigir que quienes construyeron una mayoría tan amplia expliquen sus acuerdos y que el nuevo contralor demuestre autonomía frente a todos ellos. Su primera obligación será fiscalizar con el mismo rigor a quienes lo apoyaron y a quienes quedaron fuera de esa convergencia.