Washington, Estados Unidos |
por Ramon SAHMKOW
La Organización de Estados Americanos declaró este lunes una «grave alteración inconstitucional» en Venezuela y resolvió avanzar gestiones diplomáticas, incluyendo una posible una reunión de cancilleres, para recobrar el «orden democrático» en el país.
En el mayor golpe de la OEA contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el texto fue aprobado por «consenso» de 23 países presentes (de los 34 Estados activos) en una reunión convocada de urgencia por la mayoría ante la agravada crisis institucional en Venezuela.
Belice, Bahamas, República Dominicana y El Salvador se abstuvieron.
Maduro rechazó un documento «insulso, abusivo» que se basa en «fundamentos falsos», mientras que el vicepresidente del Parlamento opositor, Freddy Guevara, celebró una resolución «histórica».
La resolución fue el producto final de una tensa sesión de horas en la sede de la OEA, en Washington, que fue suspendida de antemano por la presidencia boliviana del Consejo Permanente denunciando «imposiciones», antes de que una mayoría de 20 países impulsara el inicio del debate, aplicando una inusual norma de procedimiento.
Ante la ausencia del representante de Bolivia y de Haití, a cargo de la vicepresidencia, y aplicando un estatuto que faculta al embajador con mayor antigüedad a sustituirlos, el representante hondureño Leonidas Rosa Bautista se prestó para dirigir la sesión.
«De nuevo OEA convertida en Ministerio de Colonias. Se produce un golpe institucional al impedir el ejercicio de la presidencia de Bolivia», protestó el presidente boliviano Evo Morales en Twitter.
La representación diplomática de Caracas y sus aliados Bolivia y Nicaragua desconocieron una sesión «ilegal» y denunciado un «golpe de Estado» contra la organización continental. Tras interrumpir la sesión, abandonaron abruptamente la sesión antes de la consideración de la resolución.
– «Incompatibles» con la democracia –
Afectada ya por una severa contracción económica, Venezuela descendió aún más en su crisis política la semana pasada cuando el máximo tribunal del país se adjudicó las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y retiró la inmunidad de los diputados.
Tras un fuerte rechazo internacional y la presión de la oposición que denunció un «golpe de Estado» y la intervención de la fiscal general, Luisa Ortega, que denunció una ruptura del orden constitucional, el máximo tribunal anuló parcialmente esos fallos tras un pacto entre los poderes públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor.
Las sentencias «son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional» de Venezuela, concluyó la resolución, impulsada por Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Argentina, Jamaica, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Panamá.
Aunque reconocieron la revisión de las decisiones por el tribunal, los países instaron al gobierno venezolano asegurar la «plena restauración del orden democrático».
La Organización también resolvió seguir acompañando la situación venezolana mediante gestiones diplomáticas, en el marco de la Carta Democrática Interamericana, incluyendo una reunión de cancilleres, sin dar detalles.
Aunque ofreció apoyo al diálogo, el texto omitió cualquier mención a la iniciativa patrocinada por El Vaticano y Unasur, sugiriendo una impaciencia de los países ante la paralización de esos esfuerzos.
El embajador mexicano, Luis Alfonso de Alba señaló que la OEA podría a «ayudar a repensar el proceso que se necesita, ése modificado u otro».
– «Tribunal de inquisición» –
En la sesión, la canciller argentina Susana Malcorra, a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, acotó que el esfuerzo diplomático para mediar en Venezuela «no es en ningún sentido injerencista».
Pero Maduro acusó a la OEA de convertirse en un «tribunal de inquisición para perseguir a Venezuela», y su cancillería denunció una «destrucción» del organismo a cargo de un grupo de gobiernos en «complicidad» con la Secretaría General para imponer su «agenda ilícita».
Creada por el consenso de la OEA en 2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para intervenir en un Estado miembro, en caso de «una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático». En caso extremo podrían terminar con la suspensión del país de la OEA.
«Es un bueno paso (…) antes de que la situación empeore aún más» en Venezuela, dijo de la resolución el representante de Estados Unidos, Kevin Sullivan.
En respaldo del documento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, subrayó la «seriedad» de la situación en Venezuela, señalando que durante la sesión cuatro dirigentes opositores fueron apresados.
«El gobierno de Venezuela ha tenido mucho más oportunidades que los países a los que se le ha aplicado Carta Democrática», dijo el excanciller uruguayo.
Unos 14 países que respaldaron el texto habían llamado el pasado mes a Venezuela a liberar sus «presos políticos» y a fijar un calendario de elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos indefinidamente el año pasado.
rsr/fj