En Colombia, tres años después de la firma de la paz, grupos armados ilegales siguen reclutando menores, alertó el viernes una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señalando «altos niveles de hostilidad» en el país.
«Alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes», afirmó Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA).
Al presentar el informe sobre el último semestre de 2019 ante el Consejo Permanente de la OEA, Menéndez señaló además que «la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento», han generado «profundos impactos» en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Bogotá selló la paz en noviembre de 2016 con las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pero el país aún vive un conflicto armado que en más de medio siglo deja casi nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
En la nación sudamericana, principal productor mundial de cocaína, operan no sólo disidentes de las exFARC y bandas criminales como el Clan del Golfo/AGC, sino también rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa reconocida en el país.
Según la MAPP/OEA, que realizó más de 1,200 misiones de monitoreo, las acciones de expansión del control territorial de los grupos armados ilegales afectaron zonas del oeste, noroeste y centro sur del país, así como fronterizas con Venezuela (Catatumbo, Arauca) y con Ecuador (Pacífico Nariñense, Putumayo).
En estas regiones sigue habiendo zonas afectadas por economías ilícitas, la violencia y la criminalidad, con ausencia o débil presencia del Estado.
El informe dijo que el ELN aprovecha los espacios escolares para «inducir u obligar» a los alumnos a sumarse a la organización. También señaló reclutamiento forzado de menores por parte del ELN y disidencias de las exFARC en resguardos indígenas y comunidades negras.
Los varones son usados para actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar. En el caso de los indígenas, los grupos armados ilegales se benefician de su conocimiento del terreno para emplearlos como «anillos de seguridad», lo cual los deja más expuestos a operaciones de la fuerza pública.
Las niñas y adolescentes cumplen roles de reclutadoras de otros menores y son víctimas de explotación y agresión sexual.
«Mano de obra de bajo costo»
La MAPP/OEA también dio cuenta de dinámicas de vinculación de menores provenientes de Venezuela y Ecuador.
«Son considerados como mano de obra de bajo costo en comparación con la población colombiana. Además, la informalidad de su residencia en Colombia dificulta la vinculación a investigaciones judiciales, así como la instauración de denuncias por parte de sus familiares», indicó el reporte.
La misión señaló la «preocupación» de que la inclusión de menores en las filas de los grupos armados ilegales sea percibida como «voluntaria» y no como una vulneración de sus derechos.
Otro problema identificado son las amenazas y desplazamientos forzados que sufren los padres de familia, docentes o autoridades étnicas cuando intentan recuperar a los menores reclutados directamente con los actores armados.
«Las dinámicas de reclutamiento no siempre son denunciadas o puestas en conocimiento ante las autoridades competentes», apuntó el reporte.
La MAPP/OEA reconoció la creación en noviembre de 2019 por parte del gobierno de una comisión intersectorial para la prevención de este fenómeno. Pero llamó al Estado colombiano a fortalecer la institucionalidad local y la protección de los municipios donde aún no se ha intervenido.
Aparte del reclutamiento forzado de menores, la MAPP/OEA dijo que el acceso y la defensa de la tierra sigue siendo un «escenario de riesgo» en Colombia y advirtió «con alta preocupación» sobre los hostigamientos, desplazamientos forzados y homicidios contra líderes sociales e indígenas y excombatientes en proceso de reinserción, en particular en territorios de cultivos ilícitos en el oeste, noroeste y centro sur del país.
La misión reiteró que la hoja de coca, materia prima de la cocaína, sigue siendo la principal fuente de sustento en varios municipios, en los que las presiones de los grupos armados ilegales dificultan la implementación de planes de sustitución voluntaria y erradicación forzosa.
Menéndez llamó a abordar de manera «urgente» todas las aristas de la «narcoactividad», que consideró «uno de los impulsores de la violencia en Colombia».