- Un obispo católico del sur de México denunció que en la frontera con Guatemala la población civil es obligada a “participar como escudos humanos” en los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado.
Voz de América
Associated Press (AP)
CIUDAD DE MÉXICO — Un obispo de la Iglesia católica del sur de México denunció que en la sierra fronteriza con Guatemala, la zona de donde huyeron la semana anterior casi 600 personas para refugiarse en territorio guatemalteco, la población civil fue obligada a “participar como escudos humanos” en los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado que se disputan esa región.
El obispo emérito de la diócesis de Tapachula, Jaime Calderón, en un escrito fechado el miércoles, indicó que a la dolorosa situación que ya se vivía esa región, con sus habitantes “secuestrados” en sus comunidades y obligados a pagar extorsiones o a estar en los retenes viales impuestos por los criminales, se unió en las últimas fechas el «ser amedrentados, amenazados y obligados a participar como escudos humanos en los enfrentamientos de los cárteles de la droga”.
Según el comunicado, esto pasó el 20 y 22 de julio, aunque no mencionó comunidades concretas.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles la llegada a su país de familias mexicanas refugiadas que huían de la violencia. Hasta ahora, los servicios de atención de Guatemala atendían al menos a unas 580 personas, niños, mujeres, hombres y ancianos que cruzaron la frontera desde México al país vecino en busca de refugio.
Llegaron a varios puntos del municipio de Cuilco, en el departamento de Huehuetenango, desde el martes 23 de julio, un día después de la fecha mencionada en el comunicado del obispo.
Las autoridades mexicanas no se han pronunciado hasta el momento sobre los hechos. La Secretaria de Seguridad de Chiapas dijo a AP que no había recibido reportes de incidentes en la zona y ni el gobierno del Estado ni la Cancillería mexicana respondieron a solicitudes de comentario.
En un documento de las autoridades guatemaltecas al que tuvo acceso AP, los desplazados indicaban que abandonaron sus hogares ante la escasez de alimentos y la violencia entre grupos del crimen organizado.
El Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación llevan más de un año luchando por el control de las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas en Chiapas, el estado mexicano más pobre, que conecta con Centroamérica y donde el crimen está utilizando conflictos locales para dividir a las comunidades.
Pero la situación de violencia no dejó de incrementarse y a los asesinatos, las desapariciones y el cobro de extorsiones, que dejaron a población en una situación económica crítica, se une ahora que los civiles se vean obligados a convertirse en escudos humanos.
“La situación es desesperante, es muy complicado vivir así», indicó el obispo mexicano en su escrito en referencia a toda la sierra fronteriza. Pidió protección y ayuda para la población.
«Por un lado, secuestrados en casa propia, obligados a hacer lo que no deben, con un profundo sentido de impotencia ante lo incomprensible de la situación que viven, la gente de los cárteles que disponen a su antojo de la población; y por el otro, la presencia de los destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano que hacen nada por la población a la que ven sufrir día a día”, dijo.
Según denunció Calderón, los militares reciben órdenes del gobierno para tener “presencia en el territorio sin intervenir para proteger a la población” y los cárteles “nos quieren someter al silencio”, amenazando a la población para que «no se sepa ni se crea lo que estamos viviendo y sufriendo día a día”.
Frente a esa realidad pidió de levantar la voz y luchar por la unidad en las comunidades, dividas por los criminales. “No nos quedemos callados”, exhortó.
Los desplazamientos de población en Chiapas se han multiplicado en los últimos meses con gente que salen con lo puesto ante las incursiones de los criminales. El mayor desplazamiento en décadas tuvo lugar en junio en la localidad de Tila, en la zona norte del estado, cuando más de 4.000 personas huyeron de la localidad tras estar 72 horas encerradas por miedo a los grupos armados.