- El concepto es el mismo: personajes corruptos y antidemocráticos
El Congreso de Estados Unidos actualizó el listado Engel con 60 nuevos actores, entre ellos funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua involucrados en procesos antidemocráticos y actos de corrupción.
“Son personas extranjeras que el Presidente ha determinado que han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos; en corrupción significativa; y en la obstrucción de investigaciones sobre actos de corrupción, incluidos los siguientes: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”, señala el reporte del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes.
Para El Salvador son seis los señalados. Entre estos, tres funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta; el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria; y el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Minutos más tarde, el director de la Oficina de Asuntos Centroamericanos del Departamento de Estado, Patrick Ventrell, argumentó en conferencia telefónica con reporteros sobre la inclusión «actores corruptos» de Nicaragua en la lista.
«El tema de Nicaragua es que hoy hay muy poco, casi nada del Estado de Derecho en el país y muchas de las acciones que hemos tomado bajo esta ley hoy tienen que ver con la persecución política que han hecho un contra de personas que estaban buscando ejercer sus derechos mínimos en Nicaragua», explicló Ventrell.
Asimismo, el alcalde del departamento de San Miguel por el movimiento político Nuevas Ideas-GANA, Wilfredo Salgado, a quien Estados Unidos señala de participar en narcotráfico y lavado de dinero.
También se incluyen al exfuncionario René Figueroa y a su esposa Cecilia de Figueroa, acusados de desviar 3 millones de dólares de fondos públicos durante el gobierno de Antonio Saca, actualmente preso por el desfalco de 300 millones de dólares.
De Guatemala la lista incluye a José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la oficina más mediática del Ministerio Público. Curruchiche fue nombrado en sustitución de Juan Francisco Sandoval, removido en 2021 por dedicarse a perseguir la corrupción en el país.
También destacan dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Nery Oswaldo Medina y Vitalina Orellana por “socavar instituciones democráticas”. Asimismo, el exrector de la universidad de San Carlos, Carlos Gálvez y varios empresarios.
En Honduras, el listado llega a 15: tres son funcionarios y otros exfuncionarios del gobierno de José Porfirio Lobo. De la lista destacan Rasel Antonio Tome Flores, vicepresidente del Congreso y a quien Estados Unidos señala de incurrir “en una importante corrupción cuando usó su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para malversar aproximadamente $327,000 en fondos públicos”.
También aparecen Edgardo Antonio Casaña, diputado del Congreso hondureño. Asimismo, Enrique Alberto Flores, exfuncionario del gobierno hondureño quien estuvo exiliado en Nicaragua y volvió a su país de origen luego de entrada en vigencia la Ley de Amnistía en Honduras.
De los señalados en Nicaragua, la mayoría son jueces y fiscales que de acuerdo a Estados Unidos “socavaron procesos o instituciones democráticas” en función del gobierno de Daniel Ortega.
Cooperar en intereses mutuos, como la migración
A una consulta de la Voz de América Ventrell abundó sobre la estrategia migratoria de EEUU a pesar de que en Guatemala, el mismo presidente Alejandro Giammattei tiene una relación particular de enfrentamiento, incluso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En Guatemala (…) el tema de cooperar en inmigración, en cuanto a Estados Unidos, sigue siendo importante, a pesar de que sé que no hemos visto las acciones que queremos en términos de mejorar la gobernanza en las instituciones de esos países. El único que no puede decir eso posiblemente es Nicaragua. Ya en Nicaragua hay una dictadura total y la posibilidad -las posibilidades- de cooperación son prácticamente mínimas”, señaló.
“Con todos los países de Centroamérica sí seguimos buscando trabajar en los intereses mutuos, pero cuando hay preocupaciones de algo tan fundamental como las instituciones y estamos invirtiendo tanto en esos países, hacemos un fuerte llamado para que paren a los actores corruptos”, zanjó.
¿Qué es la lista Engel?
La ‘Lista Engel’ surgió en 2019 por iniciativa del excongresista demócrata de Nueva York, Eliot Engel.
Engel propuso una legislación para “apoyar al pueblo de Centroamérica y fortalecer la seguridad nacional de los Estados Unidos abordando las causas fundamentales de la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras”, reza el sumario de la ley.
Desde la aprobación de la legislación por el pleno del Congreso el 22 de diciembre de 2020, recae en el secretario de Estado y el engranaje del Departamento de Estado pormenorizar las investigaciones para cumplir con el mandato de incluir a aquellas figuras en los tres países vinculadas con actos de corrupción o ataques a la democracia.
En 2021, el Congreso recibió dos listados de personajes “corruptos y antidemocráticos”.
Los casos más sonados han sido los de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, quienes asumieron el 1 de mayo la titularidad en la máxima instancia judicial fuera del proceso que manda la Constitución salvadoreña, luego de que la bancada legislativa del partido del presidente salvadoreño Nayib Bukele depusiera a los titulares tres años antes de que terminaran su mandato.
También ha sido señalada la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario general del Ministerio Público guatemalteco, Ángel Pineda.
Porras, pese a aparecer en el listado Engel de 2021, en mayo de este año fue elegida por el gobierno de Guatemala como la fiscal general para los próximos cuatro años.
El listado de los guatemaltecos es el siguiente:
- Dennis Billy Herrera Arita, abogado, señalado de socavar las instituciones democráticas y participar en el esquema de “Comisiones Paralelas 2020” para promover magistrados corruptos.
- Axel Arturo Samayoa Camacho, empresario de transporte y transporte marítimo; opera en los puertos gubernamentales EMPORNAC y EPQ. Señalado por sobornar a funcionarios públicos para que beneficien a sus empresas.
- José Rafael Curruchiche Cacul, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público. Se le señala de obstruir investigaciones sobre casos de alto perfil contra funcionarios públicos y de debilitar investigaciones anteriores en dicha fiscalía, siempre en beneficio de personas señaladas por corrupción
- Ramiro Mauricio López Camey, copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), señalado de dar sobornos a funcionarios del gobierno para obtener contratos de construcción de obras
- Ramón “Moncho” Campollo Codina, propietario de Corporación Energías de Guatemala, se le señala de sobornar a funcionarios y de perjudicar los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. en materia energética.
- Geisler Smaille Pérez Domínguez, juez del Tercer Juzgado Penal. Se incluye su nombre por obstruir los procesos de los defensores del esquema de “Comisiones Paralelas 2020”.
- Sofia Janeth Hernandez Herrera, diputada por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), incluida por abusar de sus poderes oficiales para intimidar a opositores políticos y de solicitar sobornos y amenazar a sus enemigos políticos..
- Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, propietario de Corporación Energías de Guatemala, involucrado por sobornar a funcionarios públicos y perjudicar los objetivos comerciales y políticos de EE. UU. para mejorar la eficiencia energética.
- Mayra Alejandra Carrillo de León , Directora del Instituto de Víctimas, participó también en el proceso para postular magistrados de forma corrupta y está incluida en el caso e “Comisiones Paralelas 2020”.
- Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil, obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al solicitar sobornos a cambio de sentencias judiciales favorables.
- Nery Oswaldo Medina Méndez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), igual que otros, participó de manera corrupta en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.
- Vitalina Orellana y Orellana, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, con los mismos señalamientos que el anterior.
- Mauricio López Oliva, copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro), incurrió corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del gobierno. Se le reconoce como una de las constructoras “favoritas” de la administración de Jimmy Morales y del actual Gobierno.
- Víctor Manuel Cruz Rivera, Juez Penal, entorpeció las investigaciones por hechos de corrupción al demorar indebidamente los procesos judiciales.
- José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de Jimmy Morales, incurrió en una importante corrupción cuando solicitó, aceptó y ofreció sobornos para mantener su cargo oficial y recibir sobornos de contratistas. vinculado al caso de de los Q122 millones encontrados en una casa en Antigua.
- Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac), socavó el proceso o las instituciones democráticas y está involucrado con la misma acusación dentro del caso Comisiones Paralelas 2020.