- Denuncian intento de privatizar el puerto, mientras las autoridades lo niegan y dicen que sindicalistas abandonaron mesa de diálogo para ir al paro
La administración del presidente Bernardo Arévalo enfrenta un nuevo brote de inconformidad sindical en el Puerto Santo Tomás de Castilla, en Izabal, el cual se encuentra paralizado por trabajadores que denuncian una supuesta privatización de la empresa portuaria.
La huelga comenzó la noche del lunes 18 de agosto de 2025, cuando «un grupo reducido de trabajadores operativos suspendió las labores portuarias», especialmente en el Departamento de Contenedores, interrumpiendo las operaciones clave del puerto, según lasa autoridades.
Según un comunicado de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), estas acciones constituyen una “represalia ilegal” derivada del rompimiento de la mesa de diálogo técnico ocurrido el miércoles 13 de agosto de 2025, aunque no se informa la temática que se discutía en la citada instancia.
En consecuencia, se han visto afectadas tanto la entrada como la salida de mercancías, con servicios esenciales detenidos y un impacto directo sobre la economía del país, lo que rápidamente ha provocado la reacción de cámaras empresariales que ven afectadas las operaciones de sus agremiados.
Reacciones institucionales
EMPORNAC (Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla) dice en su comunicado que la suspensión de operaciones «afecta la economía nacional, así como la percepción de clientes y usuarios».
Subraya que el área administrativa continúa con normalidad, disociándose de las acciones del grupo operativo, y concluye el comunicado con una frase que responde a los argumentos de los sindicalistas: «Empronac no se privatiza»
Por su parte, los sindicalistas emitieron un comunicado en el que rechazan que su lucha sea una “represalia ilegal”, acusando que estas acusaciones buscan estigmatizar su legítimo reclamo.
Los sindicalistas dicen oponerse «firmemente a cualquier intento de privatización de EMPORNAC, argumentando que ello dañaría a miles de familias y a la economía nacional».
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) se pronunció rápidamente para manifestar su “enérgico rechazo” a estas acciones ilegales por parte de los trabajadores y advierte que la suspensión de operaciones representa un “grave atentado contra la economía nacional”, al afectar la cadena de comercio, la seguridad del abastecimiento, la competitividad en los mercados internacionales y el bienestar de millones de guatemaltecos .
Cuantificaron el impacto en más de 2 700 movimientos de carga interrumpidos, la suspensión de operaciones en al menos cinco buques y otros en espera.
Finalmente la Cámara del Agro expuso en un comunicado su «profunda preocupación por la paralización del puerto, que moviliza cerca del 40 % de la carga del país .
La cámara recuerda que la interrupción de las labores del puerto —infraestructura esencial para el comercio— encarece la logística, daña la confianza de socios comerciales y pone en riesgo ingresos y empleos. Finalmente exigen que las autoridades restablezcan inmediatamente las operaciones para garantizar este servicio esencial.
Este es el tercer brote de protestas sindicales que el gobierno del presidente Arévalo enfrenta en el último trimestre, destacando primero la del Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG), que dejó daño en el sistema educativo del país, y una más breve de trabjadores de la Salud, quienes manifestaron y protestaron por un día por mejoras laborales.