Una nueva masacre se produjo este lunes en una prisión del norte de Brasil, donde al menos 57 reclusos murieron en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan las rutas de la cocaína de esa estratégica región.
Al menos 16 de las personas asesinadas en la cárcel de Altamira fueron decapitadas, precisaron las autoridades del estado amazónico de Pará.
La rebelión empezó hacia las 07H00 locales (10H00 GMT) y concluyó antes del mediodía.
«Fue un enfrentamiento entre bandas rivales. Dos guardiacárceles fueron tomados como rehenes, pero ya fueron liberados», dijo a la AFP un portavoz de la Superintendencia de Prisiones de Pará.
Los enfrentamientos se iniciaron cuando dos personas detenidas en un ala reservada a los miembros de una de las facciones irrumpieron en la zona del grupo rival y desencadenaron un incendio, precisó el portavoz.
«Es probable que muchos detenidos hayan muerto asfixiados», agregó.
Un video que circula en las redes sociales, reproducido igualmente por medios locales, muestra seis cabezas amontonadas junto a un muro; un prisionero se aproxima y hace rodar una con el pie, como si fuera una pelota de futbol.
Otro video muestra cuerpos calcinados sobre un techo del que emana una espesa humareda oscura, mientras reclusos armados con machetes recorren el lugar.
El gobernador de Pará, Helder Barbalho, lamentó el «episodio horroroso» y determinó la transferencia de 46 presos involucrados en el enfrentamiento, incluyendo el envío de diez «líderes» hacia prisiones federales de máxima seguridad.
Según las autoridades penitenciarias, la cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de 200 presos, pero albergaba más de 300.
En septiembre pasado, siete presos fueron asesinados en otro motín, atribuido a una tentativa de fuga de ese mismo establecimiento.
Superpoblación carcelaria
Brasil, con 727 mil detenidos, tiene la tercera mayor población carcelaria del mundo, aunque apenas cuenta con 368 mil plazas en sus prisiones.
Cerca del 33% son presos provisorios, es decir, que aún no han pasado por un juicio.
A fines de mayo, 55 presos perdieron la vida en ajustes de cuentas durante dos días de enfrentamientos en varias cárceles del estado de Amazonas, vecino de Pará.
Una ola de motines en estados del norte y del nordeste, con más de 100 asesinados, muchos de ellos en condiciones atroces, sacudió este país de 210 millones de habitantes a inicios de 2017, atribuidos a rivalidades entre bandas por el control de las rutas del tráfico de cocaína.
Las autoridades y atribuyen esas masacres a la lucha por el control de las rutas de la cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia, los tres mayores productores de la droga.
Altamira, a más de 800 km de Belem (la capital de Pará), está situada en una región que enfrenta graves problemas de deforestación y de conflictos por la tierra entre tribus autóctonas con madereros y grupos que invaden sus territorios para practicar actividades agropecuarias.
La ciudad, de 110 mil habitantes, tuvo un fuerte crecimiento demográfico tras el lanzamiento en 2010 de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, que debe concluir a fin de año.
Pero expertos defienden que las masacres frecuentes son producto de las condiciones inhumanas de las prisiones del país, superpobladas de brasileños pobres y negros.
«Las autoridades brasileñas usualmente responden a esta crisis construyendo nuevas prisiones, endureciendo las penas y separando a los líderes del resto del grupo», afirmó Robert Muggah director del instituto de investigación Igarape, de Río de Janeiro.
El estado debería implementar medidas diferentes, como buscar «penas alternativas a la prisión para los presos primarios no violentos» o «reducir las tasas astronómicas de reincidencia», sostuvo.