Honduras erosionó la lucha contra la corrupción con la entrada en vigor de una ley la semana pasada que permitió el presunto desvío de fondos públicos para sectores vulnerables a campañas políticas, denunció este viernes la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
El ente creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2016 dijo en un comunicado la Ley de Reactivación del Fondo Departamental, aprobada por el Congreso y en vigor desde el 18 de octubre, «erosiona el marco jurídico institucional hondureño de la prevención y combate de la corrupción».
La norma habilita a los diputados a recibir fondos del Ejecutivo para destinarlos a obras sociales. Pero en una decena de casos presentados por la fiscalía contra la corrupción con el apoyo de la misión, los fondos destinados a sectores vulnerables fueron desviados a cuentas personales y a campañas políticas.
El oficialista Partido Nacional (PN, derecha) y el opositor Partido Liberal (PL, también derecha) se beneficiaron de estos desvíos del fondo que había sido derogado y que la ley volvió a reactivar, según la MACCIH.
Entre los argumentos, señala que la norma colisiona con la Constitución, porque los diputados del Congreso carecen de facultades para administrar fondos públicos, una función que corresponde al Ejecutivo.
La MACCIH recordó que el Congreso ya había intentado en enero del 2018 reactivar el Fondo Departamental a través de una reforma a ley del Presupuesto, pero la norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
Además, indicó que la ley «evitaría cualquier tipo de investigación y acción penal por parte del Ministerio Público sobre aquellos fondos que hubiesen sido otorgados a todo tipo de servidores públicos».
De acuerdo a la norma, el Tribunal Superior de Cuentas (TSE) sería, en cambio, el encargado de investigar a las personas que supuestamente hagan uso indebido de los fondos. En caso de que eso se comprobara, el tribunal puede otorgar a los implicados un plazo de cuatro años para devolverlos, antes de ser encausados penalmente.
Otro de los argumentos es que la ley establece que si existen sospechas sobre el uso indebido de estos fondos por parte de diputados, «sería necesario acudir al Congreso (…) para que el pleno levante la inmunidad de los diputados investigados».
La denuncia de la MACCIH surge después de que una corte de Nueva York definiera a Honduras como «narcoestado», por supuestos nexos de las más altas autoridades del gobierno, incluido el presidente Juan Orlando Hernández, con el trafico de cocaína hacia Estados Unidos.