- El exfiscal que lideró la investigación por genocidio contra el expresidente Efraín Ríos Montt, fue ligado a un proceso en Guatemala.
Voz de América
Una nueva controversia surgió en Guatemala por el proceso iniciado recientemente contra Orlando Salvador López, exjefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y quien dirigió la acusación contra el general Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio.
La captura del exfiscal se produjo el 16 de marzo y martes 21 fue ligado a proceso por la jueza Ruth Ambrosio. Se le acusa de abuso de autoridad por ejercer su profesión como abogado y notario pese a que tenía una prohibición por ser empleado del Ministerio Público.
“Existen argumentos suficientes para ligar por el momento a proceso penal al señor Orlando Salvador López, puesto que la juzgadora estima que se reúnen los elementos positivos del delito, al no tener una relación terminada de carácter laboral con el ente fiscal, es decir el Ministerio Público, ostentaba la calidad de funcionario público”, dijo Ambrosio.
Sin embargo, la abogada defensora, Jovita Tzul, explicó que el exfiscal ejerció como abogado en el libre ejercicio de su derecho humano al trabajo porque estaba suspendido de sus funciones como funcionario público.
“Él ya no era funcionario público porque estaba suspendido y el mismo código de trabajo de donde deviene la suspensión dice que tiene derecho a trabajar para otros patronos”, dijo Tzul.
Agregó que “puede ser que él era un empleado, y eso es parte de sus derechos laborales, pero ¿ejercía el cargo, ejerció la función pública, usó su cargo con ocasión de dañar a terceros? la respuesta es sencilla: nunca.”
La organización Convergencia por los Derechos Humanos, que reúne a organizaciones sociales, expresó su rechazo y asegura que se trata de un acto de venganza por los procesos que el exfiscal Orlando Salvador López investigó a altos mandos militares.
Por su parte, el subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, declaró que el proceso es parte de un patrón de persecución contra quienes investigaron la corrupción y violaciones de derechos humanos en Guatemala.