El Ministerio Público (MP) remitió al Congreso de la República el desglose de investigaciones contra los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones en el cual se detalla las pesquisas activas contra 75 aspirantes a Salas y 15 a la CSJ, o bien, tienen antejuicios en su contra, los cuales están pendientes de resolver.
Entre estos casos hay 16 en contra de candidatos a magistrados, quienes tuvieron comunicación con el exsecretario de la Presidencia, Gustavo Alejos, para influir en el proceso de postulación. Al menos 10 candidatos sostuvieron comunicaciones o bien intercambiaron mensajes de texto con el exfuncionario, según el informe de extracción forense, el cual se practicó a uno de los dispositivos celulares de Alejos, cuando este se encontraba en un sanatorio de la zona 2.
La fiscalía encargada del caso investiga la relación existente entre Alejos y los postulantes a CSJ: Dennis Herrera Arita y Romeo Monterroso Orellana. Asimismo, con los diputados: Felipe Alejos, Carlos Nájera, Helen Ajcip, Raúl Solórzano, Carlos López, Marleni Matías y Sergio Arana. También con Freddy Cabrera, excandidato presidencial del partido Todos; Douglas Herrera, hermano del comisionado Dennis Herrera Arita y Saúl Zenteno, esposo de la comisionada para Salas de Apelaciones, Candelaria Dell’acqua.
Se identificó a Luis Fernando Torres Arreaga y Julio Roberto Hernández Juárez como personas cercanas al rector y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) Murphy Paiz y Estuardo Gálvez.
Además, Alejos también se comunicó con Sergio Herrera, hijo del prófugo de la justicia Gustavo Herrera; Moisés Galindo, procesado por sus vínculos con Byron Lima; Wilson López, sobrino del exfiscal Ronny López, señalado de manipular una investigación para exculpar al general Fernando Melgar Padilla por la muerte de su padre y el exministro de Salud, Carlos Soto Menegazzo, entre otros.
Aceptan culpas
Finalmente, el informe resalta a Manuel Duartes, único candidato a reelección a la CSJ, quien recibió una medida desjudicializadora, esta es aplicada por jueces, los cuales imponen condiciones de buen comportamiento a sindicados no condenados.
En cuanto a las aspirantes Flor de María García Villatoro y Mercedes Analucía Vargas Gálvez aceptaron su culpa en un proceso por amenazas, las mismas fueron beneficiadas con un criterio de oportunidad por los juzgados de Amatitlán y Zacapa, respectivamente.
En Quiché, el aspirante Francisco Medrano Zapeta se declaró culpable y recibió un criterio de oportunidad por allanamiento, usurpación y daño. En otro caso, Juan Carlos Gómez Gómez y Efraín Berganza Sandoval se declararon culpables de desobediencia y lesiones culposas, respectivamente.