Negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido iniciaron este martes en Bruselas la novena ronda de negociaciones para definir las futuras relaciones, en momentos en que Londres se apresta a dar continuidad a un proyecto de ley que amenaza descarrilar los esfuerzos.
En una semana crítica, la nueva ronda de conversaciones se realiza en una desesperada carrera contra el reloj para definir las bases de un entendimiento comercial para las relaciones entre la UE y Londres después que el problemático divorcio se complete, en enero del próximo año.
El Reino Unido se retiró de la UE el 31 de enero de este año y debería abandonar por completo la unión aduanera y el mercado común al fin de 2020, de forma que es necesario definir las reglas de juego a partir del próximo año.
Las conversaciones en Bruselas son encabezadas por los dos negociadores jefes, el francés Michel Barnier, por la UE, y David Frost, por el Reino Unido. Después de ocho rondas de negociaciones, los entendimientos alcanzados son aún limitados.
Además, los líderes de la UE tienen en agenda una cumbre el 16 de octubre en que deberían discutir si aún vale la pena invertir tiempo y energías en un acuerdo comercial con Londres.
Sin embargo, mientras en Bruselas los negociadores buscan aproximar posiciones en Londres la Cámara de los Comunes debería votar la controvertida ley sobre mercado interno que reescribe aspectos centrales del Acuerdo de Retirada, la normativa que define la modalidad del divorcio.
La UE dejó claro de inmediato que considera esa ley una violación inaceptable de los acuerdos, y dio a Londres un ultimátum hasta el miércoles para que las cláusulas problemáticas sean retiradas del texto.
El lunes, un portavoz del gobierno británico adelantó que la posición del gobierno con relación a esa ley no había cambiado, a pesar de las insistencias de Bruselas en la posibilidad de iniciar acciones legales por la ruptura del Acuerdo.
Carrera contra reloj
En la visión del gobierno británico, la legislación propuesta representa una «red de protección» contra lo que percibe como amenazas de la UE de imponer tarifas al comercio interno del Reino Unido con Irlanda del Norte, aunque fuentes oficiales admitieron que la iniciativa atropella un acuerdo firmado y por lo tanto viola la legislación internacional.
Pero para que cualquier acuerdo sea ratificado por todas las partes, debería ser alcanzado a más tardar en octubre.
El gobierno del Primer Ministro Boris Johnson ya había establecido el plazo máximo del 15 de octubre para sellar un entendimiento, aunque la parte europea estaría dispuesta a extender ese período hasta el fin de octubre.
Así, resta ver cuál será la reacción de la UE si el Parlamento británico sigue adelante y mantiene el trámite de la controvertida legislación.
Pero más allá de la controversia por la legislación, negociadores y británicos tienen incontables otros asuntos en que las posiciones aún están lejos, incluyendo asuntos de difícil solución, especialmente en un plazo tan corto y en un ambiente de negociación tan enrarecido.
Para todos, el tiempo apremia, porque caso no sea posible llegar a un entendimiento, a partir del año próximo las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido se realizarán según las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Esto representa la implementación de aranceles más elevados y un período de adaptación que casi todas las partes vaticinan como «caótico».
En el ámbito empresarial, las negociaciones incluyen delicados diálogos sobre la creación de un «terreno nivelado» de competición para las empresas de cada parte.
En esa discusión, necesariamente, los negociadores deben definir y acordar criterios sobre ayudas estatales y subsidios, un tema particularmente delicado.
El acceso de los navíos pesqueros europeos a las aguas territoriales británicas también son parte de la agenda.
También deben llegar a un acuerdo sobre la situación de los ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido, en particular el acceso a los servicios públicos de salud, y de los británicos en Europa.