- El presidente es blanco de persecución judicial del Ministerio Público (MP), que arma un caso –sin pruebas aún– a partir de una «denuncia anónima».
- Todo ocurre mientras terminan ajustes en el ministerio de Gobernación, tras una fuga de reos que aún no ha sido aclarada y que provocó otra crisis.
En una semana turbulenta para Bernardo Arévalo y su círculo más cercano, el país entra en una nueva crisis, que se suma a la que venía arrastrando tras la fuga de 20 reos de Fraijanes II, lo que provoca un ambiente de inestabilidad institucional e ingobernabilidad, propicio para los fines del Ministerio Público (MP), que apunta a la cabeza del gobernante.
Antes: fuga de reos y cambio en Gobernación
Aunque han sido días cargados, conviene recapitular los elementos que actúan como telón de fondo. En las últimas dos semanas el país ha sido testigo de una misteriosa fuga masiva de reos (20) del penal Fraijanes II, que dejó al desnudo una profunda y muy añeja debilidad de un corrompido sistema penitenciario.
Esta situación provocó un cambio completo de la cúpula del ministerio de Gobernación.
El cambio de ministro de Gobernación transmitió una sensación generalizada de que el Ejecutivo no pudo reaccionar con celeridad ni coherencia ante la crisis de seguridad, lo que erosionó su margen político, pues hay que recordar que en el ambiente político ya existía una tensión con el Congreso de la República, provocada al rechazo al veto que hizo el presidente de la famosa y controversial Ley de los Codedes, que vana y débilmente ha tratado de detener Arévalo.
Esos flancos abiertos fueron aprovechados por el mayor enemigo del Ejecutivo: El MP, por medio de Rafael Curruchiche (FECI), lanzaron un zarpazo esta semana, con el fin de intensificar el sentimiento de ingobernabilidad creado de cisis en crisis.
Ahora, al entrar una ofensiva judicial-política hacia el Presidente y su círculo, el escenario se endurece.
El. trasfondo del “Caso UNOPS‑Presidente”
El martes de esta semana se presentó —por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a través de su titular Rafael Curruchiche— un nuevo caso dirigido contra el Gobierno, bajo el título “Caso UNOPS: Corrupción Presidencial”. Según la FECI, una «denuncia anónima» alertó sobre el convenio firmado entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) —por alrededor de US$ 943.9 millones—, el cual habría incluido irregularidades de aprobación, compras de medicamentos de baja calidad, sobreprecios, e implicaciones del entorno presidencial.
En conferencia pública, Curruchiche informó que se han emitido órdenes de captura, allanamientos en el Ministerio de Salud, y solicitudes de antejuicio contra altos funcionarios —entre ellos el actual ministro de Salud Joaquín Barnoya— lo que abre la puerta a que este caso llegue hasta el Presidente. 
En una confusa conferencia de prensa, Curruchiche mencionó entrega de dinero al entorno del presidente –se mencionó a su hermano Martín, alto funcionario en el exterior de UNOPS desde muchos años antes de que su hermano se convirtiera en presidente de la República.
Además se mencionó, en una figura confusa, al empresario y operador político en el pasado, Gustavo Alejos y su hijo.
La respuesta del Presidente: «persecución política»
El Presidente Bernardo Arévalo no tardó en reaccionar públicamente. Durante una conferencia de prensa calificó la acción del Ministerio Público (MP) de “agencia pro corrupción”, acusando al órgano de persecución judicial política contra su Gobierno y defendiendo que el convenio con la UNOPS permitió mejoras reales en el abastecimiento de fármacos y reducción de corrupción en compras. 
“Están desesperados porque se les acaba la fiesta… Lo que intentan es inventar una crisis para frenar el cambio irremediable que viene.” – Arévalo. 
Defendió además que no ha tenido participación en los hechos señalados, que la acusación es “absurda” y “fabricada”, y que la estrategia del MP busca debilitar al Ejecutivo. 
El clima político: ¿estrategia caída del Gobierno?
El Gobierno de Arévalo tiene ante sí múltiples frentes:
• Un MP obsesionado desde 2023 en impedir que Arévalo gobierne.
• Un Congreso con 17 bancadas, muchas de ellas respondiendo a intereses oscuros y que fácilmente pueden ser –como ya se ha visto– una mayoría de oposición.
• Un oficialismo cada vez con menos capacidad de movilización y escasa experiencia en gestión de crisis.
• Un sistema de justicia cooptado —la fiscal general Consuelo Porras, varios de sus fiscales y jueces «preferidos» están sancionados internacionalmente (EE.UU.–UE, Reino Unido y Canadá) por “actos de corrupción” y “socavar la democracia”.
El Gobierno parece reaccionario: sus respuestas han sido más defensivas que proactivas. No se advierte aún una estrategia clara de autoprotección institucional, negociación política o fortalecimiento de alianzas. En este contexto, el “caso UNOPS” aparece menos como una indagación técnica y más como un arma política que puede instalar una crisis prolongada.
Riesgos: antejuicios y elecciones institucionales a la vista
Lo que hace especialmente peligroso este escenario es que las piezas están puestas para escalar, con el primer escalón la solicitud de antejuicio contra el ministro de Salud,m aunque al parecer, el objetivo principal es el presidente Arévalo.
La intención de Porras y las fuerzas que han estado tras ella, es poder armar el caso y llevar ante el Congreso el tema de antejucio contra el presidente, que necesariamente debe pasar antes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en dónde no hay consensos para elegir presidente y todo puede pasar.
Si esta estrategia prospera, el Congreso podría destituirlo o al menos generarse un proceso político altamente polarizado.
Todas estas acciones ocurren en plena antesala de elecciones institucionales clave: elección de magistrados para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC), así como al sucesor, precisamente, de la fiscal general Consuelo Porras, cuyo periodo expira en mayo de 2026.
En este marco, la crisis no es solo judicial: es de gobernabilidad, institucionalidad y rumbo político de país.
Diagnóstico: ¿quién tiene la iniciativa real?
En este momento el MP / FECI conserva iniciativa y tiempo. Al lanzar el caso ahora, crea una agenda para semanas-meses, mientras el Ejecutivo: está en posición reactiva, sin piezas claras en el tablero político y, aparentemente sin una estrategia para tomar la iniciativa en medio de las crisis que le brotan en cada esquina.
El Gobierno que llegó con amplio respaldo popular el 14 de enero de 2024, se ha visto debilitado con el pasar de los meses, no solo por los ataques que enfrenta de la oposición (MP, cortes y Congreso), sino también por el debilitamiento del apoyo mayoritario de la población.
La encuesta presentada a finales de septiembre por la empresa CIG Gallup, le muestra más bien a Arévalo con menos del 25% de apoyo a su gestión, a la que se señala como ineficiente.
Los escenarios
• Escenario 1: El Ejecutivo logra contener el proceso, el caso queda estancado, y la agenda política del Gobierno continúa, pero sale muy debilitado.
• Escenario 2: El proceso avanza, se solicita antejuicio contra Arévalo, se genera un choque de poderes con el Congreso y podría desatarse una crisis institucional mayor.
• Escenario 3: El Gobierno intenta activar movilización social, alianzas con sectores claves (empresariales, indígenas, sociedad civil) para disputar la narrativa y ganar terreno político.
Guatemala vive un momento de “crisis tras crisis”: ya estaba inmersa en turbulencia por seguridad, gobernabilidad y debilidad institucional, y ahora se atraviesa una ofensiva con objetivo directo al Ejecutivo. En esta novela de poder, justicia, acusaciones y defensa, la escena central la ocupan Arévalo, Porras, Curruchiche y un Parlamento que observa expectante.
Por ahora, el Gobierno parece atrapado en un guion escrito por sus adversarios: se ve obligado a reaccionar, defenderse, pero sin controlar el ritmo ni los tiempos. En ese desfase aparece la principal vulnerabilidad, justo cuando las fichas se mueven de cara a los comicios institucionales del próximo año.
La gran pregunta es: ¿será esta crisis la que marque una caída política o sabrá Arévalo aprovecharla para consolidar una narrativa de resistencia y renovación institucional con respeto a la democracia? Por el momento, no tiene el mando de la historia: la están escribiendo sus enemigos.
Aunque todo parece armado a partir de una inconsistente «denuncia anónima» es claro que el MP puede repetir lo que ha realizado con otros casos de persecución política emblemáticos: presenta prueba débiles, pero monta multiplicidad de acusaciones y avanza con ayuda de jueces, magistrados y, en este caso, diputados «aliados»… el telón de la obra apenas se ha abierto, y está lejos de concluir.