Noruega, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, abogó por el respeto al debido proceso penal en Guatemala. Estas declaraciones surgen cuatro días de la captura de Leydi Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la orden de detención del Ministerio Público (MP) contra Eva Siomara Sosa.
El país europeo destacó su preocupación por las acciones del Ministerio Público contra jueces, abogados, fiscales y demás actores anticorrupción.
“Noruega expresa profunda preocupación por el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala y las acciones legales contra jueces, abogados y fiscales anticorrupción independientes”, expresó en Twitter.
Asimismo, remarcó su petición a los funcionarios guatemaltecos para respetar el debido proceso en el país. “Noruega insta a las autoridades a salvaguardar el derecho al debido proceso de las personas detenidas”, declaró.
Citación
Para este martes 15 de febrero diputados de la bancada Semilla citaron al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, debido a las acciones emprendidas recientemente contra operadores de justicia, pero este envió un oficio para excusarse de dicha reunión.
Los diputados convocaron al secretario de Política Criminal, el secretario contra la Corrupción y el fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, pero no se presentaron.
Según este bloque legislativo, el objetivo era que las autoridades del ente investigador dieran explicaciones sobre “la política de persecución contra operadores de justicia”.
En tanto, el MP remitió un oficio de cuatro páginas al Congreso en el que expuso que los parlamentarios, las distintas comisiones y bloques no pueden requerir información ni citar a los fiscales o funcionarios de esa entidad.
Específicamente para abordar investigaciones en curso, procesos penales en trámite o aspectos relacionados con las funciones legales de esta institución, relacionadas con la persecución penal y el ejercicio de la acción penal pública.
“Pues ello supone una afrenta a las garantías institucionales de autonomía e independencia que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce a esta institución, ante el riesgo inminente de que dichos requerimientos o citaciones conlleven intromisión o injerencia”, expuso el MP.