Conversatorio con: Marvin Flores, coordinador de proyectos de Acción Ciudadana.
El Ejecutivo, dice el entrevistado, aún no cuenta con una política de transparencia, la cual es necesaria para combatir la corrupción, y tampoco se observan mejoras sustanciales en el tema. Lo que sí es evidente, considera, es que los funcionarios piensan dos veces en cometer un acto de corrupción, porque saben que, ahora más que nunca, están siendo vigilados y fiscalizados por la ciudadanía.
Debby Ríos /Crónica
¿Cómo evalúa al nuevo Gobierno, en relación con los temas de transparencia, y por qué?
La principal demanda que tiene el actual Gobierno es el tema de trasparencia vinculado como un medio para tener calidad educativa, cobertura en salud, seguridad y justicia. El actual Gobierno ha intentado satisfacer esas demandas; sin embargo, no tienen un proceso sistematizado u organizado. De hecho, en la última reunión que tuvo Alianza para la Transparencia, en la que participa la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Ministerio Público, Contraloría, Vicepresidencia y Acción Ciudadana, lo que se presentó fue una propuesta de política nacional de transparencia. No hay claridad por parte de todo el equipo de Gobierno en los temas de transparencia y quizá el último ejemplo es la compra de los trompos. Eso es un pequeño ejemplo de que algunos funcionarios no han entendido que la ciudadanía tiene expectativas en cuanto a transparencia y esas prácticas que antes se consideraban normales, ya no proceden en este nuevo escenario
¿Qué mejoras sustanciales ha habido?
No hay a la fecha, porque hacen falta una serie de acciones concretas. Pero creo que la principal característica, más qué una acción puntal, ha sido que se piensa dos veces, a diferencia de antes, para cometer un acto de corrupción, porque se sabe vigilado y fiscalizado por la ciudadanía.
¿Qué debilidades ha identificado para transparentar los procesos?
La principal debilidad es la propia administración, que no cuenta con un recurso humano suficientemente calificado para responder a las expectativas ciudadanas. Por ejemplo, tenemos que modificar la Ley de Servicio Civil, si no la modificamos, no podemos pretender servidores públicos que respondan a la ideas de modernidad y trasparencia que requiere el Estado, esto es uno de los principales retos que hay que ir enfrentando.
¿Dónde han localizado los principales focos de opacidad y corrupción?
Los Consejos Nacionales, Departamentales y Municipales de Desarrollo, en los famosos fideicomisos y fondos sociales. Nosotros hemos planteado que para el año 2017 debe existir todo un reordenamiento, porque no podemos seguir con la gran cantidad de fondos sociales y fideicomisos que tenemos a la fecha.
En el Congreso, ¿cómo evalúan el tema de la transparencia y lucha contra la corrupción?
En el Congreso ha habido avances, de hecho, quien manejó mucho el liderazgo en temas de gobernabilidad y de acciones concretas en los primeros meses del año fue el Legislativo y no el Ejecutivo. Creemos que el Congreso ha hecho su trabajo, actualmente lleva casi 40 leyes aprobadas, después de que en la anterior legislatura no tuvieran ni siquiera 10. Ha dado pasos importantísimos para recuperar el papel que debe tener, evidentemente hace falta mucho debate, hace falta mucha calidad de los propios congresistas, en cuanto a tener una discusión de altura y con argumentos y no únicamente negociaciones que a veces se dan. Va por buen camino e influirá mucho lo que pase con la Junta Directiva del próximo año.
Respecto del trabajo que está realizando la Contraloría ¿Por qué cree que es tan difícil para ellos detectar los actos de corrupción?
La Contraloría tiene una limitante grande, que viene desde la propia Constitución, que les permite hacer auditorias pos y no hacer auditorias durante los procesos presupuestarios o de compras y contrataciones. El otro tema es que no puede detener un proceso de compras y contrataciones que tenga indicios de corrupción. Lo que funciona en el combate a la corrupción es la prevención del delito y en eso, lamentablemente, la Contraloría tiene muy poca fuerza legal.
Existe la opinión generalizada de que más que incapacidad, es falta de voluntad.
Uno de los principales problemas es la forma en que se elige al Contralor, lamentablemente las instituciones que integran la Comisión de Postulación han formado prácticamente un cartel en el que todos se ponen de acuerdo y se negocia. Y cuando el listado de seis personas llega al Congreso, todos los que están forman parte de ese círculo de negociaciones que implica muchas veces impunidad o corrupción. Creo que el nuevo asunto es una reforma constitucional profunda, que nos permita, de alguna manera, hacer que la gente que llega a dirigir sea lo más independiente posible de los poderes que gobiernan el país o que tienen intereses en el erario.
¿Qué hace falta para fortalecer el trabajo de la Contraloría?
Un tema fundamental es reformar la Ley de Probidad. Las declaraciones de probidad se convierten en documentos archivados en bodega y no se verifica el tema de enriquecimiento ilícito. El fin que persigue la declaración de probidad es, precisamente, la sanción de un enriquecimiento ilegitimo.
¿Cuáles con las razones por las cuales el Congreso no ha aprobado las reformas legales para fortalecer a la Contraloría?
La última ley que tenemos de la Contraloría es del 2002. No se le ha dado prioridad en el Legislativo porque tiene otra agenda de responsabilidades. Pero el propio Contralor, aunque no tiene iniciativa de ley, debería impulsar esas reformas, porque si no se impulsan desde afuera el Congreso, difícilmente lo va hacer, porque tiene presiones e intereses de otros lados en otras leyes,
Es sabido que antes de que empezara el trabajo de la Comisión de postulación se decía que el nuevo Contralor sería Carlos Mencos. Aunado a que se supo que en varias ocasiones se reunió con Juan Carlos Monzón. ¿Qué opinión le merece?
Allí falta todo un proceso de investigación. Ya la propia Fiscal General dijo que se realizará una investigación de la forma en que el señor Carlos Mencos fue electo. Pero más allá de eso, hay que quebrar todo el sistema de elección del contralor.
Donde hay más opacidad, dice Flores, es en los Consejos de Desarrollo, fideicomisos y fondos sociales.