EL BRAZO DE LA JUSTICIA HA ALCANZADO A LA CLASE POLÍTICA CORRUPTA, A EM-PLEADOS PÚBLICOS DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO Y AUTORIDADES LOCALES. LOS EMPRESARIOS TAMPOCO HAN ESCAPADO A LA CRUZADA CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN, QUE HA SIDO LIDERADA POR LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG) Y EL MINISTERIO PÚBLICO (MP), EN UN HECHO SIN PRECEDENTES EN LA HISTORIA DEMOCRÁTICA DE LA NACIÓN.
Los jueces Jisela Reinoso, Erick Santiago de León y Marta Sierra de Stalling fueron capturados el 22 de septiembre, por supuestos actos de corrupción.
Rodrigo Pérez,
rperez@cronica.com.gt
Este no ha sido un buen año para la clase política corrupta del país. Desde las dos más altas autoridades políticas de la nación -electas en el 2011-, encopetados funcionarios, jueces y alcaldes han sido alcanzados por el brazo de la justicia y, en un hecho sin precedentes en la historia democrática del país, sentados en el banquillo de los acusados.
Ningún poder del Estado ha escapado a la cruzada contra la corrupción, que ha sido impulsada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), y ampliamente respaldada en las calles por la sociedad guatemalteca.
Esta semana se abrió un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad. Tres jueces del Organismo Judicial (OJ) fueron capturados, mientras dos más enfrentan un proceso para retirarles la inmunidad.
Jisela Yadel Reinoso, es una de las juzgadoras aprehendidas, sindicada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.
Los delitos le fueron endilgados, entre otras razones, según la CICIG y el MP, por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, debido a que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo, lo cual es incongruente con los ingresos que devenga como empleada pública y docente.
A ella se suma la juez Marta Sierra González de Stalling, que fue detenida tras ser sindicada de cohecho pasivo y prevaricato. Ello por, según los encargados de la persecución penal, haber llegado a acuerdos ilegales con seis integrantes de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea, a quienes dejó en libertad el pasado 21 de abril.
El último de los capturados es Erick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché. Se le sindica de cohecho pasivo, por pretender cobrar una comisión de unos Q10 millones a cambio de una resolución favorable a una empresa.
Por otro lado, existe un proceso de antejuicio abierto contra la juez Carol Patricia Flores, por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; asimismo contra el juez Adrían Rodríguez, por prevaricato.
Depuración a todo nivel
La caída, procesamiento y prisión preventiva del expresidente de la nación, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, es el mejor ejemplo de la dimensión de la depuración que se ha llevado a cabo y que aún continúa.
Nunca en la historia democrática de la nación un mandatario y vicemandatario habían sido procesados penalmente estando aún en el ejercicio del poder. Es difícil recordar un caso similar en el mundo.
En lo que va del año, cuatro grandes organizaciones ilegales incrustadas en el Ejecutivo han sido desarticuladas, y la más relevante de ellas es la organización criminal La Línea que, según la acusación del MP y CICIG, era dirigida por Pérez Molina y Baldetti.
En el Congreso también han sido desarmadas cinco redes de corrupción, entre ellas la estructura dedicada al desfalco de dinero público por medio de plazas fantasmas, donde está vinculado el expresidente del Legislativo Pedro Muadi.
En cuanto al poder local, tres jefes ediles enfrentan solicitud de antejuicio por desvío de fondos, vínculos con el crimen organizado y corrupción. Ellos son Basilio Cordero Cardona, alcalde de Jutiapa, acusado del desvío de fondos y utilización de documentación falsa; Jorge Rizzo Morán, jefe edil del Puerto de San José, sindicado de vínculos con el narcotráfico, y Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, por corrupción.
El procesamiento de corruptos no termina allí. Una red de falsificación de documentos que operaba en el Registro Nacional de las Personas (Renap) y la Dirección General de Migración (DGM), estaba integrada por nueve empresarios, que están ligados a proceso por defraudación al fisco.
Esta lucha frontal contra la corrupción nacional se enmarca en una cruzada mundial contra este flagelo, que es impulsada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), asegura el analista político Manuel Villacorta.
El experto argumenta que la ONU, en el marco del programa de seguridad global, está combatiendo el crimen organizado y la corrupción a nivel mundial. En el orbe, dice, hay naciones que tienen una corrupción controlada; otras, escandalosa, y Guatemala está entre los países con altos niveles.
Luego expone por qué somos prioridad en la lucha contra este flagelo. Somos prioritarios si consideramos que el presupuesto de la nación es muy bajo, con apenas el 11 por ciento del Producto Interno Bruto, en relación con los grandes desafíos que tiene el Estado, en temas como salud, educación y seguridad, entre otros. También, si tomamos en cuenta que, a pesar de ser un presupuesto pequeño, se calcula además que, como mínimo, un 30 por ciento de ese presupuesto es extraído por la corrupción, asevera Villacorta.
CICIG y MP, fundamentales
Sin lugar a dudas, la labor de la CICIG y del MP han sido relevantes en esta cruzada contra la corrupción; no solo por la independencia con que han trabajado, sino por la calidad de las investigaciones. No hay testigos en ninguna de las pesquisas, solo pruebas científicas –escuchas telefónicas y prueba documental-, y ello le da solidez a las acusaciones.
Renzo Rosal, analista político, asegura que la CICIG y el MP han sido los detonantes de la depuración de los corruptos, contribuyendo a poner nombre y apellido a la corrupción, aportando cifras y datos; y son los que han revelado la trama; es decir, han dicho cómo se han dado los casos.
Christians Castillo, analista del área sociopolítica, del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), también destaca el papel que han jugado ambas entidades.
Ha sido determinante el papel del MP y la CICIG en el desmantelamiento de las redes de corrupción y se valora profundamente la disposición de asumir el reto y cumplir con el rol que les corresponde, subraya Castillo.
Astrid Perdomo, experta en temas de transparencia, de la Universidad Rafael Landívar (URL), también se suma a los reconocimientos, calificando de valiente el trabajo desarrollado. A pesar de contar con el equipo y los insumos necesarios, se requiere de valentía para asumir las responsabilidades que conlleva incriminar a personas con mucho poder. En el caso de la CICIG, hoy estamos viendo cómo debió haber funcionado desde que se instaló en el país, y esperamos que estas investigaciones continúen, dice Perdomo.
Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y excomisionado presidencial para la transparencia, comenta al respecto: Hay que reconocerlo, y no lo digo solo yo… han hecho un trabajo como nunca antes se había hecho en Guatemala, gracias a la acción decidida de la fiscal general, fiscales y el apoyo invaluable de la CICIG.
Los analistas consideran que es necesario que se fortalezca presupuestaria y técnicamente al MP, para que pueda mejorar aún más el trabajo desarrollado hasta ahora.
Justicia, pronta y ciega
En la mayoría de estos casos, el sistema de justicia ha sido, como pocas veces solía ocurrir, pronta y sin ver rostros o cargos políticos. Han prevalecido los principios que la población siempre espera de la justicia: imparcialidad, independencia y objetividad, afirma Perdomo.
La lucha frontal contra la corrupción, encabezada por la CICIG y el MP, ha dejado claro que las instituciones y las leyes del país, sin necesidad de reformas, son eficientes para perseguir, desarticular y procesar a las redes dedicadas al saqueo del Estado y a la comisión de otros delitos. Lo único que se necesita es voluntad política y el deseo de hacer un trabajo independiente.
Lo que se evidencia es que las instituciones, cuando se quieren hacer funcionar, funcionan. Esto quiere decir que, el marco legal, bajo el que funcionan las instituciones, principalmente los órganos de control, no es el mejor, pero sí capaz de hacerle frente de manera aceptable a la corrupción, asegura Maúl Figueroa.
El otro aspecto que se destaca es que los políticos y empleados públicos corruptos fueron puestos de frente a la justicia de forma rápida, siguiendo el debido proceso y cumpliendo con todas las garantías que consignan las leyes nacionales.
La presión de la ciudadana, que salió a las calles como nunca había ocurrido en las tres décadas de democracia, para exigir el fin del saqueo del Estado y el procesamiento de los corruptos, ha tenido mucho que ver en la agilidad conque ha trabajado una parte del sistema de justicia del país.
Esa es la razón por la cual en otros países reconocen en el pueblo una situación ejemplar, porque, además, no fue por situaciones de fuerza, golpes de Estado, sino por mera presión ciudadana, contundente y organizada, enfatiza Maúl Figueroa.
Urge reformar leyes
De poco sirve, aseguran los expertos, la desarticulación de redes de corrupción y criminales insertadas en el Estado si no se hacen reformas legales para restringirles o limitarles la cooptación del aparato estatal.
Por ello aseguran que es necesario que se aprueben reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para obligar a los partidos, entre otras cosas, a transparentar quiénes son sus financistas, fortalecer la capacidad de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y que el voto dentro de los partidos para elegir candidatos a cargos de elección sea secreto, evitando así que los aspirantes a cargos públicos sean puestos a dedo, por intereses personales o de grupos.
Al respecto el informe de la CICIG, El financiamiento de la política en Guatemala, indica que las leyes y reglamentos sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales no permiten el suficiente control sobre el conjunto de los ingresos y gastos, pues dependen de la información que presenten los partidos. Además, el régimen de sanciones es muy débil y resulta totalmente insuficiente. A esto se agrega que el personal y los recursos de la Auditoría Electoral del TSE se ven sobrepasados frente a una campaña tan prolongada.
También es necesario modificar la Ley de Contrataciones del Estado, para que el aparato estatal no se convierta en un botín de la clase política y sus financistas. Es necesario normarse de manera estricta, entre otras cosas, cuándo se pueden adjudicar contratos por excepción.
A estas normativas se suman las reformas a la Ley de Servicio Civil, para que los empleados públicos y funcionarios sean contratados bajo los principios de idoneidad, honradez y capacidad, con el fin de que el aparato estatal no se convierta cada cuatro años en un nicho de empleo para afiliados del partido que gobierna. La lista es larga e incluye actualizar y fortalecer el portal de Compras y Contrataciones del Estado (Guatecompras), y la Ley de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Presión al Congreso
Es obvio que estas reformas legales no son de interés de la clase política, ya que van en contra de sus mezquinos intereses. Entonces, ¿qué se pude hacer? Analistas sugieren que la segunda fase de las manifestaciones ciudadanas, que se han registrado desde mediados de abril, debe enfocarse en presionar a los legisladores para que aprueben modificaciones que cierren la puerta a la corrupción.
Estamos en un momento en que la ciudadanía no puede dormirse; ahora deben enfocar la presión en exigir al Congreso los cambios estructurales al sistema, afirma Luis Chávez, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).
Rosal también comparte esa idea. Por ello señala que se debe aumentar la auditoría y control social sobre el Legislativo, especialmente sobre los diputados distritales, que son alrededor del 75 por ciento del total de parlamentarios. Se les debe demostrar que a ellos también se les puede provocar su salida del Congreso, asevera.
Asimismo agrega: Tienen que entender que su llegada al Legislativo no es un cheque en blanco, que tienen que operar en función de esos temas, ya que la población se los está demandando.
Además, dice que no se trata si lo quieren hacer o no, pues el Congreso es una representación política de la sociedad; y, desde ese punto de vista, lo que están diciendo sus representados y sus electores, es que hay que priorizar las reformas legales contra la corrupción.
Sociedad y educación
Por último, los expertos consideran que es necesario hacer una reflexión como sociedad, sobre la responsabilidad que tenemos al legitimar la corrupción, y de la necesidad de educar con nuevos valores a los futuros ciudadanos.
Rosal enfatiza que la corrupción ha penetrado las instituciones estatales, pero también la sociedad, ya que la hemos legitimado, contribuyendo a que sea un gran problema. Asegura que es necesario reconocer que la corrupción no solo es un tema de gestión pública, sino que, al mismo tiempo, es un fenómeno social que se expresa en lo político y el entorno económico.
Chávez, experto del Incep, al referirse al tema señala que el problema es estructural, y su combarte debería ir acompañado por el sistema educativo. Se debería incluir en su currícula clases de valores, de participación, de civismo y, sobre todo, de ética; desde párvulos, como sucede en otros países desarrollados
Muadi, expresidente del Congreso, es sindicado por el MP de desfalco a través de plazas fantasma.
Pérez Molina y Baldetti se encuentran en prisión preventiva, pues son acusados de liderar La Línea.
El trabajo de Iván Velásquez, comisionado de la CICIG; y de Thelma Aldana, jefe del MP, es considerado como fundamental en la lucha contra la corrupción.
Esto quiere decir que, el marco legal bajo el que funcionan las instituciones, principalmente los órganos de control, no es el mejor, pero sí capaz de hacerle frente de manera aceptable a la corrupción.
Claudia Méndez, exintendente de la SAT vinculada al caso La Línea, fue enviada a presión preventiva.
POLÍTICA Y CORRUPCIÓN
La mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción, se asegura en las conclusiones del informe de la CICIG, El financiamiento de la Política en Guatemala.
El informe, presentado el pasado 16 de julio, refiere que el saqueo del Estado está asociado con la tendencia creciente en las campañas departamentales y municipales: el autofinanciamiento por parte de los candidatos que buscan la elección o la reelección. Para financiar las campañas, enriquecerse y mantenerse en el poder, se han creado, en departamentos y municipios, redes político-económicas ilícitas de alcance regional.
Luego agrega que estas han construido entramados de empresas, oenegés, contactos en distintas esferas de la administración pública que, a través de prácticas ilícitas y tráfico de influencias, entre otros, realizan transacciones económicas ilícitas, orientadas a apropiarse de recursos públicos para su propio beneficio.
Por último, destaca que con estas prácticas, recursos públicos que deberían dedicarse a la salud, la educación, la seguridad y, en general, al mejoramiento del nivel de vida de los guatemaltecos, se han desviado hacia el enriquecimiento personal de quienes utilizan los cargos públicos, para los que han sido electos o nombrados. Este dinero ilícito es el que mayoritariamente alimenta las campañas electorales, generando un círculo vicioso que afecta a la política, la economía y la sociedad en su conjunto.