La bancada del partido de gobierno aprobó este viernes en Nicaragua una reforma constitucional para incorporar nuevos próceres indígenas, aunque sin acatar el reclamo de la oposición de modificar el sistema electoral para salir de la crisis que vive el país.
La enmienda reconoce en el preámbulo como próceres a los caciques indígenas Diriangén y Nicarao, quienes lucharon contra la colonia española; a Blanca Arauz, esposa del líder antimperialista Augusto César Sandino, y a Tomás Ruiz, luchador por la independencia centroamericana.
«Estamos reivindicando nuestras raíces», comentó el diputado del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), José Cepeda, sobre esta reforma que fue aprobada con 72 votos, casi todos oficialistas, 15 en contra y una abstención.
El bloque minoritario del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) argumentó que rechazó la enmienda porque no recogió el clamor «de la gran mayoría» que «exige cambios importantes en nuestra nación», como eliminar reelección presidencial.
«Consideramos que no es el momento para una reforma constitucional de ninguna naturaleza que no sean los cambios que el pueblo de Nicaragua está pidiendo», dijo el jefe de la bancada del PLC, Jimmy Blandón.
Las dos principales coaliciones de oposición, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), creadas tras las protestas de 2018, lanzaron el jueves una propuesta de reforma constitucional.
La iniciativa contempla abolir la reelección presidencial indefinida, vigente desde 2014 y que permitió al presidente socialista Daniel Ortega buscar en 2016 un tercer mandato sucesivo, que concluirá en enero del 2022.
Los opositores plantean igualmente prohibir a la esposa del presidente de turno postularse a la presidencia, en abierta alusión a la actual primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, así como despartidarizar el Estado, incluido el Tribunal Electoral.
Los detractores del gobierno excluyeron en su propuesta la demanda de adelantar los comicios de 2021, que habían planteado inicialmente como salida a la crisis que vive Nicaragua a raíz de las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018 y cuya represión dejó 328 muertos, según grupos humanitarios.
El anticipo de los comicios requería que el Parlamento aprobara este año una reforma constitucional, que, por ley, debe ser ratificada al siguiente año para que tenga validez.