En medio de protestas internas y presiones de la ONU y la OEA, el gobierno de Nicaragua desalojó este martes a sus seguidores de la catedral de Managua, donde habían ingresado por la fuerza la víspera buscando interrumpir la huelga de hambre de opositores que piden la liberación de «presos políticos».
La oposición nicaragüense lanzó en los últimos días una nueva campaña de presión contra el gobierno de Daniel Ortega, tras las violentas protestas del año pasado exigiendo la renuncia del mandatario sandinista. El objetivo es presionar por la liberación de más de 130 opositores presos durante la represión de aquellas manifestaciones, que también dejaron 328 muertos y 88,000 exiliados, según el último reporte de la CIDH.
La iniciativa, impulsada por huelgas de hambre de familiares de detenidos en dos templos religiosos, coincidió este martes con llamados de la ONU a «terminar con la persistente represión de la disidencia» y con un informe de la OEA, que tras evaluar la crisis en el país centroamericano concluyó que el gobierno volvió «inviable» la democracia.
El lunes, la Arquidiócesis de Managua denunció la irrupción violenta de partidarios del gobierno en la catedral, que previamente había sido sitiada por fuerzas policiales. Una vez en el templo, golpearon a dos religiosos e hicieron que los opositores en ayuno tuvieran que refugiarse en una instalación adyacente a la iglesia.
«La pasamos mal, mal, mal», relató a la prensa una de las madres en ayuno, Janeth Chavarría, tras ser evacuada este martes junto al resto de huelguistas con ayuda de la Cruz Roja Nicaragüense.
«Me dio tristeza ver cómo golpeaban e insultaban al padre» y a la monja, lamentó de su lado el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes.
En tanto, estudiantes de la privada Universidad Centroamericana (UCA) de la capital protestaron por la profanación del templo. «A la iglesia se respeta», reclamaron frente a su casa de estudios, que fue sitiada por fuerzas antimotines.
Los nueve opositores habían iniciado la huelga en Managua cuatro días después de que otro grupo de 11 mujeres hiciera lo mismo en una iglesia de la ciudad de Masaya (sur), ambos en el marco de la nueva campaña.
La tarde del martes, los seguidores del oficialismo abandonaron la catedral, confirmó Tomás Valdés, un conocido miembro de la comunidad cristiana San Pablo Apóstol, afín al gobierno.
El desalojo se produjo horas después de que la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU instara al gobierno de Ortega a «terminar con la persistente represión de la disidencia y las detenciones arbitrarias, y abstenerse de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, opositores políticos y cualquier otra voz disidente» en Nicaragua.
Democracia inviable
En tanto, un informe de la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada para buscar una solución pacífica a la crisis de Nicaragua, determinó que bajo la administración de Ortega la democracia es «inviable».
«La Comisión entiende que los mecanismos de control y subordinación que el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho», concluyó.
El informe consideró también que la «continua violación de derechos humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua (..) da lugar a una alteración del orden constitucional», que requiere la «urgente atención» de la comunidad internacional.
El grupo fue creado en la Asamblea General de la OEA en junio en Medellín y conformado en agosto con representantes de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Jamaica y Paraguay.
Una nueva campaña de protestas
De su lado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a 92 grupos opositores, anunció nuevas acciones en el marco de la campaña «Navidad sin presos políticos».
Prevén realizar protestas rápidas, manifestaciones, huelgas de hambre simultáneas y un paro nacional en coordinación con la empresa privada para presionar por la liberación de los detenidos por participar en las protestas antigubernamentales.
Entre ellos están 16 opositores a quienes un juez dictó el lunes prisión preventiva acusados de tenencia de armas de fuego, luego de que intentaran auxiliar con agua a las mujeres en ayuno en Masaya.
La policía argumentó que trasladaban artefactos explosivos y armas y los acusó de planear «actos terroristas».
«Estamos muy preocupados que estas acusaciones aparentemente inventadas constituyan un nuevo intento de sofocar la disidencia», indicó la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos.
El gobierno ha atribuido las protestas opositoras que buscan desde el año pasado la salida de Ortega, en el poder desde 2007, a un fallido intento de golpe de Estado.